Lluís Llach, diputado independiente de Junts pel Sí, no oculta que la fase final del proceso implicará coacciones a los funcionarios y empleados públicos si lo que se pretende de veras es proclamar una república catalana independiente. Habrá que atenerse a la nueva legalidad, ha avisado el cantautor en diversas conferencias organizadas por Òmnium Cultural. Quien no obedezca las leyes de desconexión será sancionado. La difusión de algunas de las charlas de Llach ha causado un nuevo terremoto en la política catalana.
La crudeza de Llach contrasta con la consigna de suavizar los contornos de la proclamación de la república para ensanchar la base del proceso, según reza la retórica separatista. Puigdemont y Junqueras insisten en los perfiles cívicos y pacíficos del proceso. Para el público de convencidos que acude a las charlas de las plataformas y partidos separatistas, el mensaje es diferente. Más realista.
Ciudadanos, PSC y Partido Popular han coincidido en la condena a Lluís Llach y en apretar al gobierno regional para que desautorice al diputado. Neus Munté, la portavoz del Ejecutivo autonómico, ha sorteado la cuestión con vaguedades. La portavoz socialista, Eva Granados, ha declarado que "parece que la revuelta de las sonrisas está cambiando de gesto". Esperanza García, del PP, reclama que se deje en paz a los empleados públicos: "Delincan ustedes, pero no fuercen a los funcionarios". En Sociedad Civil Catalana se refieren a la adolescencia del cantautor, cuando era vicepresidente de los Cruzados de Cristo Rey de Figueras. La Generalidad no desautoriza al diputado. "Todo el mundo tiene que respetar la ley", declama Munté. En Junts pel Sí, se ocupa de avalar a Llach el diputado Roger Torrent, que quita hierro a las amenazas porque "sólo habrá una legalidad, la que emane del 'sí'".
Sesión plenaria
La difusión de las charlas de Llach se produce a escasas horas de que el Parlament apruebe un nuevo reglamento por el cual se podrá proclamar la independencia en una hora, tras la mera lectura de la leyes de desconexión. Los votos de Junts pel Sí y la CUP servirán para que este miércoles se dé luz verde en el pleno de la cámara al primer paso para la ruptura "legal".
En las últimas horas ha trascendido también la cita de la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Deberá prestar declaración el próximo 8 de mayo.