La Generalidad y el parlamento autonómico de Cataluña ya disponen de un nuevo reglamento de la cámara, unas normas hechas a medida para poder aprobar las leyes de transitoriedad jurídica y desconexión por la vía de urgencia, en lectura única y en el pleno que les plazca a los partidos separatistas.
La reforma del reglamento parlamentario, arbitrada en una comisión en la que sólo participan los grupos de Junts pel Sí (ERC y el PDeCAT) y la CUP, habilita a la mayoría separatista para manejar a su antojo el contenido y desarrollo de las sesiones plenarias y plantear en cualquier momento la aprobación de las llamadas leyes de desconexión del orden constitucional. De esta manera, se pretende retardar y entorpecer los recursos jurídicos de la oposición ante la hipótesis de la convocatoria de un referéndum y la teórica aplicación de su resultado.
La ley de transitoriedad jurídica, la que según el diputado y cantautor Lluís Llach deberán acatar todos los funcionarios si no quieren ser sujetos de sanción, permitiría a la Generalidad ofrecer "garantías" sobre la legalidad de la transición hacia la república y proclamar la independencia incluso sin la celebración de un referéndum previo. En cuanto a las leyes de desconexión, se trata de las que regularían la Hacienda catalana y la Seguridad Social del nuevo Estado. Recaudación de impuestos y pago de pensiones serían las primeras tareas a asumir por parte de las autoridades catalanas el día después de la independencia, según el esquema que manejan los partidos separatistas.
La reforma ha salido adelante sin problemas y tras un debate de carril en el que los dos grupos del referéndum han insistido en que la consulta se llevará a cabo a pesar de las disposiciones del Tribunal Constitucional y las investigaciones abiertas sobre la actuación de la presidenta del parlamento, Carme Forcadell, y los miembros separatistas de la mesa.
Fecha y pregunta, antes de vacaciones
Junts pel Sí y la CUP sólo están de acuerdo en que la celebración del referéndum y la ruptura del Estado y la reforma del reglamento de la cámara es un paso ineludible para dar a sus planes un aire de legitimidad parlamentaria. Sin embargo, nadie sabe aún ni cuándo será el referéndum ni qué pregunta se someterá a escrutinio. El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, se limita a prometer que estará todo dispuesto miembras Oriol Junqueras cabecea en su escaño en señal de asentimiento. "Se sabrán (fecha y pregunta de la consulta) antes de que nos vayamos de vacaciones", afirma Puigdemont.
Hasta el momento adecuado a los intereses separatistas, el parlamento regional estará a expensas de los grupos separatistas, que en la hora aproximada en la que se tardaría en leer una ley de transitoriedad podrían fijar la convocatoria del referéndum y dar las primeras instrucciones para la separación. Es de suponer que tales disposiciones sería inmediatamente recurridas por el Tribunal Constitucional, pero el vacío de pocas horas entre la aprobación de las normas y su suspensión se constituiría en el limbo con el que la Generalidad pretende dar cobertura legal a las órdenes necesarias para impulsar un referéndum que ya no tendría vuelta atrás.
Apoyo a Lluís Llach
En un plano todavía más simbólico, las críticas de toda la oposición a las amenazas del diputado Lluís Llach a los funcionarios que no acaten la nueva "legalidad catalana" han servido para que Puigdemont improvisara un homenaje al cantautor y ratificara la predisposición del ejecutivo de la Generalidad a aplicar no sólo el rodillo parlamentario para que las nuevas leyes tengan efecto desde el momento de su aprobación.