La Fiscalía Anticorrupción ha impugnado el recurso de Ignacio González contra el auto de Eloy Velasco que lo envió a prisión provisional comunicada y sin fianza. El expresidente de la Comunidad de Madrid consideraba el auto "nulo de pleno derecho", según su parecer, por la falta de motivación y la no concurrencia de los requisitos. En base a su opinión, es "materialmente imposible" que pueda huir porque tiene los bienes embargados y carece de medios económicos, además del "arraigo notorio en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".
Pero la más llamativo del escrito es que el fiscal apunta directamente al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como el responsable del chivatazo que permitió a González conocer la investigación y que iba a ser detenido:
El día 6 de marzo del 2017, en el despacho de Ignacio González sito en laC/ Alcalá 89 de Madrid, se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada del Secretario de Estado de Seguridad.
Nieto y González mantuvieron una reunión el día 8 de marzo. Al conocerse dicho encuentro, por las filtraciones del sumario, el secretario de Estado de Seguridad negó que se hablase de la Operación Lezo e incluso compareció en sede parlamentaria para dar explicaciones. El ministro Juan Ignacio Zoido, que dio por buenas las explicaciones de su número dos, le ha vuelto a respaldar este mismo martes al ser preguntado por el escrito del fiscal.
En un escrito remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por los magistrados que resolverán la petición de González, la Fiscalía desmonta el recurso punto por punto. Habla, en primer lugar, del riesgo de fuga: "Sobre la familia del imputado, lejos de ser un indicativo de estabilidad social y arraigo, debe destacarse que la mayor parte de los miembros de su entorno han intervenido presuntamente en los hechos investigados". Sobre la notoriedad pública en España del expresidente autonómico, para el Ministerio Público "no hace impensable que no vaya a huir de la Justicia". Simplemente "dificultaría su ocultación en nuestro país, no así en otros Estados", aprecia Anticorrupción.
Analizada la gravedad de una eventual pena y la situación de González, se observa el peligro por "la capacidad real de acción del investigado". Los hechos relatados en indicios "han proporcionado al expresidente una ingente cantidad de fondos que en el actualmente no están controlados" sino ocultos "tras entramados societarios en paraísos fiscales".
Utilizó su gran influencia
También detecta la Fiscalía riesgo de ocultación, manipulación o destrucción de pruebas: "Ha sido una constante en la investigación que González se ha valido de sus relaciones personales para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento. Para ello, ha recurrido a "personas pertenecientes al Canal de Isabel II, al Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial.
Según el Ministerio Público, los vínculos van más allá de la relación afectiva o profesional "para forjarse como un pacto delictivo o unión cuyo principal nexo son las "componendas ilícitas pagadas con dinero público". De hecho, existen indicios de tropelías en las filiales del Canal de Isabel II en países como Brasil, Panamá o Colombia, con pantallas radicadas en Suiza, Luxemburgo o Reino Unido.
La Fiscalía destaca las "influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en la Policía Nacional, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones". El escrito hace referencia a una confesión de González, que reconoció "haber recurrido a alguna persona del ministerio de Justicia, Fiscal o judicatura para conocer el estado de los casos, aunque manifestó no recordar a quién". A renglón seguido, admitió contactos con gentes que le daban cuenta sobre informes en su contra.
Destaca una llamada de su hermano Pablo González a su otra hermana Isabel González, diputada madrileña. Hablan sobre Ignacio, "que le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos (…) vamos, se quedó un poco preocupado". El 6 de marzo de 2017 se grabó una conversación entre los tres en el despacho del expresidente donde se interesaban por "la presunta investigación chivada del Secretario de Estado de Seguridad".
Según la Fiscalía, "resulta especialmente importante que no se frustren las actuaciones dirigidas a la recuperación de activos públicos".
Reiteración delictiva
El escrito recuerda que los principales imputados programaron actividades dirigidas al blanqueo de capitales "hasta el momento de la detención". Proyectaban inversiones de capitales en distintos sectores y la creación de sociedades con personas interpuestas. Una de las conclusiones es que "Ignacio González disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta". La otra, que existe riesgo de reiteración delictiva con respecto al lavado de fondos ocultos.