El barómetro del CIS del pasado mes de abril era el último que analizaba las preocupaciones de los ciudadanos. A la pregunta de cuál es el principal problema que afecta a España, un 44,8 por ciento de los encuestados respondía que la corrupción y el fraude. Se mantenía así como el segundo mayor problema para los ciudadanos, solo por detrás del desempleo, que era señalado por el 77 por ciento.
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha facilitado este miércoles durante su intervención en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados los datos concretos que reflejan la actuación policial en esta materia. Casi 11.500 personas han sido investigadas o detenidos en causas relaciones con la corrupción política en nuestro país en los últimos siete años, entre 2010 y 2016.
"Hay que destacar el esfuerzo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado en estos últimos años. El Código Penal no recoge como tal el delito de corrupción, sino que son varios los que pueden ser considerados como tal. Ha sido un prioridad, como demuestra que desde 2010 ha habido un aumento considerable de investigados y detenidos", ha explicado el número dos del Ministerio del Interior.
Las cifras de investigados o detenidos han ido creciendo de manera importante desde 2010. Si en ese año, el número de salpicados se situaba en 583, las cifras se doblaron durante los siguientes tres años. En 2011 fueron 1.036 las personas detenidas o investigadas. En 2012, 1.124 personas, y en 2013, 1.341 personas. Las cifras vuelven a duplicarse en los últimos años: 2.746 personas (2014), 2.448 personas (2015) y 2.126 personas (2016).
Este mismo crecimiento han tenido los hechos delictivos por corrupción conocidos. En 2010, los agentes de las Fuerzas de Seguridad tuvieron conocimiento de 444. Subió hasta 569 en 2011 y a 603 en 2012. En 2013 la cifra aumentó hasta los 742, dando un aumento importante en 2014, cuando el número se acercó al millar (991 casos). El millar de nuevos casos conocidos se superó en 2015 (1182) y así se mantuvo en el año 2016 (1116).
Los delitos más habituales que se han investigados son blanqueo de dinero (24 casos), cohecho (70 casos), delito contra la hacienda pública (99 casos), delitos societarios (21 casos), falsedad en subvenciones (31 casos), malversación (139 casos), prevaricación administrativa (130 casos), prevaricación urbanística (22 casos), tráfico de influencias (30 casos), delitos contra la seguridad social (201 casos), además de otros 349 delitos de otro tipo.
Crimen organizado
El secretario de Estado de Seguridad también ha facilitado datos sobre la situación del crimen organizado en nuestro país. Las Fuerzas de Seguridad tenían detectado en 2016 un total de 444 grupos de este tipo. De ellos, 256 (58 por ciento) fueron desactivados de manera total, mientras que a otros 163 (37 por ciento) sólo se les pudo desarticular antes del 31 de diciembre de manera parcial. Contra otros 25 grupos (5 grupos) todavía no se ha podido actuar y continuaban plenamente operativos a final de año.
Más de 16.000 personas fueron investigadas el año pasado por su posible pertenencia a grupos de crimen organizado. De ese total de personas, se consiguieron pruebas para proceder al arresto de casi 5.400 de ellas, un poco menos del tercio de los investigados. Más positivo aún es que el 86 por ciento de estos grupos son desarticulados totalmente antes de que alcancen su tercer año de actividad en el país.
En cuanto a la actividad de estas estructuras de crimen organizado y teniendo en cuanto que la gran mayoría de ellos son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal, 115 se dedicaban al tráfico de cocaína (26 por ciento), 103 al tráfico de hachís (23 por ciento), 52 al robo con fuerza (12 por ciento), 40 al tráfico de marihuana (9 por ciento), 30 al robo con fuerza e intimidación (7 por ciento), 25 al tráfico de heroína (6 por ciento), 24 al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual (5 por ciento) y 16 al blanqueo de capitales (4 por ciento).