Tras unas diligencias que ha durado más de cinco años, el juez Juan Gutiérrez Casillas ha terminado la instrucción del caso Invercaria, dividido en 12 piezas separadas, si bien quedan pendiente algunas peticiones de pena correspondientes a las últimas piezas cerradas. Por el momento, de los 59 encausados hay 36 procesados, 22 de ellos políticos y altos cargos de la Junta. El resto con empresarios privados que se beneficiaron de las irregularidades. De las cinco piezas con la instrucción terminada, hay 18 acusados en firme.
El caso saltó a la luz en el año 2012 como consecuencia de un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Según aquella investigación, se había descubierto otro "fondo de reptiles" en la empresa pública Invercaria que venía a seguir la senda del tramado en el caso ERE. La sociedad, dedicada a la gestión de capital de riesgo y dependiente de la Consejería de Economía disponía de un fondo para repartir dinero de manera opaca y discrecional.
Invercaria era la primera sociedad pública de capital riesgo de ámbito andaluz con la finalidad de ayudar a la creación y expansión de empresas con fuerte base tecnológica. Entre 2005, año de su creación, y 2009, Invercaria destinó 62 millones de euros a 278 proyectos según los últimos datos recogidos por ABC y nuevamente la ya famosa e inquietante agencia IDEA aparecía como pagadora de las ayudas, al igual que en el caso ERE.
El juez le ha puesto números al dinero defraudado. 1.860.000 euros han sido calculados en el caso del Operador Aéreo Andalus. Otros 1.180.000 en el caso Servivation. 849.749 euros en la empresa de Juana Martín SL. 716.000 se perdieron en el portal de ferias FIVA y 359.581 en Fumapa, por ahora y a la espera de nuevas valoraciones porque el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía sigue trabajando en el caso.
Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que fue enviado al juzgado, la entidad tuvo unas pérdidas de 25,8 millones de euros entre 2005 y 2013.
Las grabaciones que escandalizaron a España
Poco antes de las elecciones andaluzas de 2012 que daban por ganador al PP de Andalucía por vez primera desde 1982 sobre el PSOE, fueron publicadas unas grabaciones efectuadas por el directivo de la entidad, Cristóbal Cantos, que se había negado a elaborar informes falsos con los que justificar por qué se dio dinero a determinadas empresas.
En las grabaciones aparecía la voz de la presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, amenazando al directivo, ordenándole la elaboraciones de informes fraudulentos y aclarando en una famosa frase que lo que se hacía en Invercaria no tenía nada que ver con la ética.
Tras la publicación de sus grabaciones, Invercaria denunció a Cantos por haber perjudicado su honor y le pidió 600.000 euros de indemnización, pero los tribunales absolvieron al denunciante.
Seis años de cárcel para Francisco Vallejo
Por el momento, hay cinco piezas cuya instrucción ha terminado y que están dispuestas para la fijación de fecha del juicio oral con una petición de penas que supera los 100 años en su conjunto. Tomás Pérez-Sauquillo, el primer presidente que la dirigió durante cinco años, y Laura Gómiz, su sucesora, son los principales procesados junto con los ex consejeros de la Junta, Francisco Vallejo y José María Martín Delgado que se benefició personalmente de las ayudas de Invercaria.
Las piezas terminadas hacen referencia a las empresas Jaén Fumapa, Operador Aéreo Andaluz, Servivation y las firmas de moda Juana Martín y Lolita Canalla.
Para el exconsejero Vallejo se piden seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Para el consejero Martín Delgado se piden dos años y seis meses de cárcel. Para el ex presidente de Invercaria la Fiscalía y el PP, personado como acusación particular, se piden, cuenta El Mundo, 32 años de cárcel y 115 de inhabilitación para el desempeño de cargos.
No se conocen aún las peticiones de pena a los procesados en otra pieza ya terminada relativa a la sociedad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía donde se metieron más de 700.000 euros públicos si bien las acusaciones lo son por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil. En ella están igualmente acusados los ex presidentes de Invercaria.