Una semana después de que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural abrieran la que denominan "caja de solidaridad" para pagar las multas de los inhabilitados por el 9-N ya se han recaudado cien mil euros, según los organizadores de la colecta. El primer condenado en ver aliviadas sus cargas económicas ha sido Francesc Homs, el exconsejero y exdiputado en Madrid inhabilitado y multado con treinta mil euros por el Tribunal Supremo. La exconsejera y actual diputada autonómica Irene Rigau también ha visto satisfecha su deuda, que ascendía a 24.000 euros.
Quedan por abonar las multas de Artur Mas y de la exvicepresidenta Joana Ortega y tanto en la ANC como en Òmnium aducen que además se debe hacer frente a las multas impuestas a esas organizaciones por el uso de datos protegidos y que se elevan a quinientos mil euros a pagar a partes iguales.
Cuenta del partido cancelada
Ante el aparente éxito de la campaña de recogida de fondos de las plataformas "cívicas", el PDeCAT ha decidido cancelar la cuenta corriente que había abierto a los mismo efectos. En el partido confían en que la "caja de solidaridad" de las entidades alcance para abonar también las sanciones y costas judiciales de Mas y Ortega.
La iniciativa de la ANC y Òmnium, presentada durante la comparecencia de Forcadell para declarar como investigada el pasado 8 de mayo, acota claramente los beneficiarios de los donativos, aquellos sancionados por promover "iniciativas acordadas por las entidades y partidos soberanistas o bien por seguir el mandato de las urnas y los acuerdos del Parlament o el Govern de la Generalidad en favor del proceso independentista", condiciones que excluyen, por ejemplo, a Santiago Espot, organizador de las pitadas al himno nacional y al Rey.
Los impulsores de la cuenta corriente, auditada por tres expresidentes de la cámara autonómica, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, consideran que la colecta de donativos "es un gesto potente de solidaridad, transversalidad y unidad del independentismo" entre cuyas virtudes destacan que "lanza un mensaje internacional y crea un problema al Estado en la medida en que su capacidad de coerción queda disminuida".