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Eloy Velasco levanta el secreto de sumario y aparece un infome de la UCO contra Cifuentes

Cifuentes negó en marzo de este año las acusaciones y aclaró que su presencia en el patronato de Fudescam, como vocal, era meramente simbólica. 

Libertad Digital
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Eloy Velasco | EFE

Un informe elaborado por un cabo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en los que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudieron decidir "de antemano". En un informe del pasado 1 de marzo que analiza las adjudicaciones el autor concluye que podrían estar amañadas y denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso sí, no se aporta prueba alguna.

El informe ha aparecido después de que el juez Eloy Velasco levantase parcialmente el secreto de sumario de la operación Púnica. El juez, que conoce el informe desde el 1 de marzo, no ha tomado ninguna medida contra Cifuentes pero lo ha incluido en la parte del sumario que ha decidido hacer pública y de ahí ha saltado este martes a las portadas digitales de todos los periódicos. En realidad, los hechos ya son conocidos ya que esta investigación de la UCO fue filtrada a la prensa en septiembre de 2016.

Según el informe, los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones". Según el informe, hay indicios de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos "importantes" donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación "directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid" que sirvió para" financiar de manera encubierta" al mismo "para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización".

El 16 de marzo la oposición pidió explicaciones a Cifuentes en la Asamblea de Madrid. "Ni elaboré los pliegos de condiciones, ni los adjudiqué. Cosa diferente es que me tocara presidir, por delegación, la mesa de contratación", dijo Cifuentes, quien precisó que en esa mesa estaban sentados técnicos y representantes de todos los partidos políticos. Explicó que la mesa tomaba las decisiones en base a informes técnicos y por unanimidad, y la que adjudicaba era la Mesa de la Asamblea, también por unanimidad.

En cuanto a Fundescam,Cifuentes indicaba en marzo que aceptó el cargo de vocal "como tantos otros", pero añadió que no intervino en "ninguna actividad y mucho menos en decisiones económicas que corresponden exclusivamente a los apoderados".

La Guardia Civil acusa a Cifuentes de adjudicar el contrato a Arturo Fernández a cambio de que este donase a Fundescam. Así implica a la presidenta en la trama de la financiación ilegal del PP. Pero el único "indicio" que contiene el informe de la UCO es la simultaneidad de Cifuentes en varios cargos. Es decir, era al mismo tiempo miembro de la mesa de contratación, como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y fue vocal en Fundescam. Más allá de eso, la Guardia Civil no aporta pruebas y sustenta su acusación en un mero juicio de intenciones.

La Guadia Civil concede especial relevancia al hecho de que Cifuentes fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación. Es, dice el informe, una "circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación". "La sitúa, además, como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria", añade. De esta manera, Cifuentes presidía las mesas de contratación a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores, resume la UCO.

Resalta además la UCO que la empresa de Arturo Fernández también optó al servicio de cafetería de la Asamblea en el año 2006, pero no resultó ser adjudicataria. Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular al PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.

Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año. Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la "coincidencia" de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas.

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