El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha ordenado este martes siete registros, entre ellos el del despacho del viceconsejero madrileño de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública cuya sede también está siendo registrada. Ruiz ha presentado su dimisión.
El magistrado, han informado fuentes de la Audiencia Nacional y de la investigación, ha ordenado también el registro de algún despacho de abogados y ha citado a doce personas que comparecerán como investigadas (imputadas) a partir de julio. Estas diligencias se enmarcan en la última pieza secreta abierta en el caso Púnica, relativa a Nuevo Arpegio.
En concreto, los agentes buscan información sobre los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que los empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos.
El juez ya pidió a la Comunidad de Madrid que le entregara los convenios suscritos con Arpegio para que gestionara los fondos públicos del plan Prisma, ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por estos contratos al amparo de Francisco Granados.
Reclamó en concreto los convenios firmados con Arpegio entre 2006 y 2011 en los que se otorgaba a la empresa pública la gestión y adjudicación de las obras financiadas con Prisma.
Se trata, entre otros, de convenios autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el consejero de Presidencia relativos a ese plan de financiación de obras con dinero público, y también de acuerdos en los que designó al vocal que representaba a la Comunidad en la mesa de contratación de varios de esas obras.
El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha pedido recientemente al juez que declaren varias personas relacionadas con Arpegio, como el consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada; el exgerente de Arpegio Áreas de Promoción Empresarial Eduardo Larraz Riesgo y Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma.
A González Taboada ha pedido citarle para que explique el funcionamiento del Plan Prisma, y si conocía de la existencia de pagos de comisiones a Granados referidas a dicho Plan.