La presidenta del PP valenciano se reunió este jueves con el ministro de Educación. Viajó a Madrid para visitar a Íñigo Méndez de Vigo en el ministerio y exponerle las reivindicaciones de las familias de esta comunidad que quieren poder elegir libremente la educación y la lengua en la que educar a sus hijos.
Isabel Bonig transmitió al ministro su preocupación porque los decretos educativos del consejero Vicent Marzà (Compromìs), como el lingüístico y el de los conciertos, vulneran leyes orgánicas y la Constitución Española. "Salirse de la norma no puede ser el modus operandi habitual de un gobierno serio en democracia, ya que ponen en cuestión todo el fundamento del Estado de derecho".
La dirigente popular explicó que "hemos informado y entregado al ministro una carta de la Plataforma 27.1 formada por las familias afectadas por la supresión de conciertos en la que solicitan amparo" a Méndez de Vigo "y le trasladan su angustia y su incertidumbre ante la supresión de unidades de la enseñanza concertada sobre todo en Bachillerato".
Tras el encuentro, Bonig manifestó su "satisfacción y agradecimiento por el interés y preocupación mostrada por el ministro para seguir defendiendo la libertad de las familias valencianas". La presidenta del PPCV afirmó que "es muy grave que en la Comunitat Valenciana un partido radical como Compromís sea quien controle la educación. Por cuatro razones; en primer lugar, por el adoctrinamiento, al pretender imponer un único modelo de pensamiento en las aulas, y eso jamás lo vamos a consentir. Es un ataque en toda regla en contra de la pluralidad. También, porque se da un atentado a la legalidad. Saltarse la ley a la torera está siendo el santo y seña del señor Marzà: la Lomce, la ley de la administración local, la que regula la creación de escuelas infantiles, la ley de uso del valenciano, los requerimientos permanentes del Síndic de Greuges, la Constitución, el estatuto de autonomía… La tercera razón es por perpetrar un ataque a las libertades sin precedentes en la historia de la Comunidad, demostrando su sectarismo, su radicalidad y su voluntad de imponer su modelo único de enseñanza. Además, en cuarto lugar, están actuando a imagen y semejanza de Cataluña con el modelo lingüístico que proponen, con la imposición del valenciano a familias y funcionarios y con la defensa del Països Catalans".
"La tónica general no puede ser el adoctrinamiento, el catalanismo y la falta de legalidad. La educación es algo mucho más serio que todo eso. Y si el tripartito no está a la altura lo denunciaremos donde y ante quien haga falta. Además de atentar la legalidad vigente, más grave todavía es el ataque a las libertades, algo que no vamos a consentir bajo ningún concepto", afirmó rotunda Boing.
Vimos al ministro "muy receptivo", explicaron a Libertad Digital. No obstante, desde el ministerio no quisieron hacer ningún comentario del encuentro. "La reunión no consta en la agenda" oficial de Méndez de Vigo, zanjaron.
Cs le pide que "no haga dejación de sus funciones"
Por su parte, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Martín, reclamó de nuevo al ministro "que no haga dejación de sus funciones" y exija al Gobierno valenciano "que retire el decreto Marzà". "Es el Gobierno de Rajoy el que tiene que garantizar el artículo 27 de la Constitución y quien tiene competencias ejecutivas para hacerlo. Tienen que asumir sus responsabilidades y amparar a los valencianos", subrayó.
Martín recordó que "hace ya cuatro meses que Ciudadanos pidió al ministro en sede parlamentaria que amparara a los valencianos ante los envites nacionalistas del señor Marzà y que paralizara el decreto". Además, explicó que "a día de hoy sigue sin hacer nada", por lo que anunció el requerimiento oficial a través del Registro en el Congreso de los Diputados del informe de la Alta Inspección Educativa porque "no nos conformamos con las vagas respuestas que ha dado el conseller".
40.000 firmas en la consejería
Además, la plataforma Libertaddeenseñanza27.1 -formada por diversos centros concertados de la Comunidad Valenciana- presentó este jueves en el registro de entrada de la Consejería de Educación más de 40.000 firmas para pedir a su titular, Vicent Marzà, que "recapacite y dé marcha atrás en la decisión arbitraria" de suprimir los conciertos en 31 aulas de Bachillerato para el próximo curso.
Así lo manifestó el portavoz de la plataforma, Javier Sebastián, en declaraciones a los medios a las puertas del departamento de Campanar, donde también acudieron padres y madres de los centros que forman parte de la plataforma. Esta tarde presentarán también ante el Síndic de Greuges las quejas que han recogido para pedirle "que intervenga ante la situación de angustia y desamparo que muchas familias tienen". Según explicó Sebastián, han reunido 32.100 firmas a través de la plataforma online Change.org, a las que se suman las que han recogido los centros educativos "defendiendo las unidades concertadas que nos quieren quitar y pidiendo que se revierta esta situación".
El portavoz de Libertaddeenseñanza27.1, que toma su nombre del artículo de la Constitución que hace referencia a la libertad de enseñanza, señaló que están "a favor de la convivencia entre los dos modelos, la enseñanza pública y la enseñanza concertada, y si quieren una enseñanza pública de calidad pues que la gestionen y la hagan pero no a costa de limitar los derechos de la enseñanza concertada". En este sentido argumentó que "los proyectos de estos centros educativos abarcan desde los 3 a los 18 años", por lo que "todo lo que no sea poder elegir libremente ese modelo nos parece un recorte de las libertades básicas".
La "incertidumbre es máxima"
Sebastián espera que consejería responda entre este jueves y viernes, dado que el proceso de matriculación comienza el lunes 22 y "la incertidumbre es máxima". "Todos los alumnos de 4º de la ESO, a día de hoy están angustiados porque no saben qué decisión van a tener que tomar el año que viene", advirtió. Asimismo, defendió que "la concertada no supone un privilegio para nadie" y que "hay muchísimas familias que están en la concertada porque creen en ese modelo y que, económicamente, por línea privada no lo podrían financiar". "Al final estamos atacando un poco la igualdad de oportunidades".
El portavoz de Libertaddeenseñanza27.1 confía que las alegaciones que se han presentado se resuelvan favorablemente para que esas unidades se mantengan y reivindicó que "tener un Bachillerato concertado es respetar la oferta educativa de los centros que es un modelo que va desde los 3 a los 18 años, entendemos por lo tanto que no es un privilegio sino un derecho adquirido".
Así, criticó que consejería "esté recortando dinero de las unidades concertadas que llevan ya unos cuantos años con un modelo consolidado", mientras "va a destinar dinero a crear 1.200 plazas para la educación de 2 años", que a su juicio, "todavía es menos obligatoria que el Bachillerato". Para Javier Sebastián, esta es una "decisión política y progresiva, este año estas aulas, el año que viene serán otras... y la idea de ofertar plazas en 2 años es ir minando la oferta de infantil para la concertada".