Pocos se atreven a decirlo en público, pero el problema de Susana no es esencialmente Pedro Sánchez, y mucho menos, Patxi López. Su problema es que el modelo de socialismo que representa puede lograr buenos resultados electorales, incluso ganar, en Andalucía, pero es un modelo que repudian demasiados socialistas en el resto de España. En el ámbito interno, se funda en el ya famoso "el que se mueve no sale en la foto". En el externo, la penetración partidista de las instituciones, su ineficacia para el progreso de la región y una inmensa corrupción son sus más evidentes características.
El único que se ha atrevido a decirlo, que sepamos, es el cualificado partidario de Pedro Sánchez, José Manuel Sánchez Fornet, ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía y exasesor de José Luis Rodríguez Zapatero en temas de Interior. Lo ha dicho así de claro en Confidencial Andaluz: "Ser socialistas es ser de izquierdas, y lo que evidencia el PSOE andaluz en sus 38 años en el Gobierno es, o que las políticas socialistas han fracasado, o que no se han aplicado nunca, porque Andalucía sigue en la cola de España en todos los medidores de bienestar y prosperidad, y a la cabeza en paro, pobreza y miseria. Yo creo que han sobrado dispendios, empresas, enchufes y señoritos pijorrojos y han faltado políticas socialistas que contribuyan a reducir la desigualdad."
Ni siquiera la fuerza que acompaña a la primera agrupación socialista de España ha conseguido que Andalucía tenga los mismos recursos que otras regiones a pesar de sus continuos llamamientos a su Estatuto de Autonomía y las manifestaciones históricas que demandaban un desarrollo similar al de las demás regiones de España.
En un reciente estudio de Domingo Soriano en Libertad Digital se ha puesto de manifiesto con detalle cómo casi 35 años después de la victoria electoral de 1982, 38 si se cuentan desde los primeros pasos de la Comunidad andaluza cuya presidencia provisional ya disfrutó el PSOE, los recursos de los que ha dispuesto Andalucía, a pesar de ser ingentes, no han llegado nunca al nivel de los otras autonomías, muy especialmente, las agraciadas políticamente por un trato fiscal desigual como Navarra y el País Vasco.
Pero nunca se ha escuchado a dirigente socialista andaluz alguno, tampoco a Susana Díaz, clamar contra la falta de equidad de este sistema de financiación, salvo cuando ha gobernado el PP, momento en el que siempre han culpado a sus gobiernos de una financiación deficiente sin referencia alguna a País Vasco, Navarra y Cataluña que, aunque no tiene privilegios de cupo, ha logrado otros, a veces mayores. Jamás ha merecido ni una sola protesta el hecho de que dos de las regiones más ricas de España contribuyan menos que ninguna otra al fondo común nacional gracias a la cuantificación del "cupo". De pufo, lo ha calificado Mikel Buesa. Antisocialismo fiscal podría considerarse.
Aun así, Andalucía ha recibido más recursos que nunca en toda su historia desde 1982. Se ha calculado que entre ese año y el actual, sus presupuestos han sumado 750.000 millones de euros, a los que hay que sumar los casi 100.000 procedentes de la solidaridad europea y los no calculados derivados de la solidaridad nacional. Son cifras extraordinarias.
Sin embargo, los más afinados estudios sobre el Índice de Desarrollo Humano han demostrado que el atraso económico y social andaluz, que hunde sus raíces en los finales del siglo XIX, se ha mantenido siempre con toda clase de regímenes políticos, la monarquía, la II República y el franquismo. Se esperaba del socialismo triunfante en Suresnes una rectificación histórica que no ha llegado.
Según el Índice Físico de Calidad de Vida[i], que combina el tradicional índice de
Desarrollo Humano (PIB per cápita en moneda constante y ajustado a la paridad del poder adquisitivo, esperanza de vida al nacer y nivel cultural) y la distribución de la renta per cápita, queda demostrado que Andalucía, que estaba a la cola del desarrollo de las regiones de España en 1900, seguía estándolo en el año 2000, cuando el PSOE andaluz llevaba ya 18 años en el gobierno, 14 de los cuales estuvo acompañado por un gobierno del PSOE a nivel nacional.
Desde 2000 a 2007 se experimentó una importante mejoría que, con la crisis, ha vuelto a desmoronar las esperanzas. De hecho, la renta media por persona en Andalucía se encuentra actualmente en 7.942 €, 1.065 € menos que hace siete años. El I informe del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía ha aportado que el PIB per cápita andaluz apenas suponía en 2015 un 74.1% del español, en comparación con el nivel de 77.3% que alcanzaba en 2007.
Eso sí, Andalucía está a la cabeza de la presión fiscal en España. Sólo tiene por delante a las Comunidades de Asturias, Cantabria y Extremadura. Su tasa de presión fiscal, de más del 34 por ciento, es dos puntos mayor que la media nacional, y por encima de comunidades más ricas como Cataluña, País Vasco y Madrid. Su esfuerzo fiscal por habitante, que es un 34 por ciento superior a la media nacional y más del 70 por ciento mayor que el de un madrileño o un vasco, sólo es superado en Extremadura. Y recuérdese que Impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, que ya no se aplican en otras Comunidades, lo hace y de una manera muy intensa en Andalucía.
El legado "social" del socialismo en Andalucía
En un reciente trabajo de El Demócrata Liberal, que sigue la senda iniciada en el libro La Tela de araña andaluza: el poder de un régimen, se recogen los últimos datos sobre la situación andaluza. Ensayemos un resumen, ceñido sobre todo a lo que se conoce como "Estado del Bienestar", bandera socialista donde las haya, para no resultar excesivamente prolijos.
Durante las tres décadas largas de socialismo en Andalucía, el paro ha sido uno de los más altos de Europa y la diferencia de su tasa con el resto de España se ha mantenido en torno a los diez puntos porcentuales, lo que indica un problema de fondo sin resolver durante un tercio de siglo. A finales de 2016, la tasa media del paro andaluz era superior al 28 por ciento con provincias que superaban el porcentaje del 33 por ciento, como Cádiz. Y de sus parados, la mitad no tiene prestación alguna, ni por desempleo ni por ayuda social.
De poco más de 3 millones de personas que cobran un salario en Andalucía, la mitad no alcanza el salario mínimo interprofesional de 648 euros mensuales y casi el 60 por ciento de la población asalariada de Andalucía no llega a mileurista.
Según los datos de la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más ha reducido en sanidad estos últimos años: mil millones de euros desde 2009 a 2016, presentados, cómo no, como consecuencias de lo exigido por el gobierno central. Por dar algún dato más sobre la joya de la corona socialista que es la sanidad, digamos que Andalucía sufre la peor ratio de camas por habitante de todo el Sistema Nacional de Salud, con 1,7 por cada 1.000 usuarios, alejada de la media nacional de 2,3 camas por 1.000 habitantes.
En Educación, otra perla del socialismo andaluz, el informe PISA presentado en 2013 situaba a Andalucía a la cola de todas las comunidades autónomas españolas quedando por debajo de la media nacional y de la OCDE en cuanto al rendimiento académico de sus escolares en todas las categorías del informe: ciencias, comprensión lectora y matemáticas. En diciembre de 2016, fecha del último informe PISA, Andalucía se alejaba aun más de la tendencia nacional y empeoraba en los resultados de Ciencia y Matemáticas. De hecho, cae al último lugar de las 17 autonomías en Ciencia y al penúltimo en comprensión lectora y Matemáticas.
En salarios y pensiones, la situación andaluza es penosa. Según la última publicación de la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones de la Agencia Tributaria, mientras el salario medio español es de 18.645 euros anuales, Andalucía alcanza apenas los 14.629 euros, 4.016 menos que la media nacional y ni una sola provincia andaluza alcanza la media nacional del salario medio mencionado.
Natural y consecuentemente, Andalucía está a la cola de la cuantía de las pensiones. En las pensiones declaradas en la renta de 2015, la pensión media nacional fue de 13.888 euros, pero en Andalucía la media se situó en 12.074 euros, 1.814 euros menos al año, manteniendo una diferencia de 4.000 euros al año con las comunidades de Asturias y Madrid.
Aunque algunas estadísticas elaboradas sobre la pobreza resulten discutibles, las que existen con mayor fiabilidad muestran que Andalucía está a la cabeza del número de personas en riesgo de pobreza –la mitad de sus trabajadores lo está apostilla CCOO–, que nueve de las diez ciudades más pobres de España son andaluzas o que los barrios más pobres están situados en Andalucía. Y así sucesivamente en casi todos los indicadores de riqueza y bienestar que examinemos.
Una Comunidad plagada de grandes casos de corrupción
El modo socialista de gobernar en Andalucía, caracterizado por mayorías muy amplias, no conllevó la profundización de la democracia, como presume el socialismo, sino la erección de un "régimen" caracterizado por el enchufismo generalizado, la aparición de una "administración paralela" y el usufructo del poder de las instituciones sin alternancia en el poder hasta el momento. Ello ha conducido a Andalucía a ser el escenario propicio donde se han dado los más graves y extensos casos de corrupción de España, si bien la estructura mediática del poder sobre la información, destaca mucho más otros asuntos mucho menores en cuantía y repercusión social.
La corrupción socialista en Andalucía afloró con la "madre de todos los casos" como se ha llamado al caso Juan Guerra, a principios de los años 90, si bien ya había habido otros como el caso Presidente, el caso Costa Doñana, el del chalé del ex presidente Rafael Escuredo, el caso Algeciras, primer caso de financiación ilegal del PSOE, y otros, como la creación y puesta en funcionamiento de Canal Sur Radio y Televisión con sus despilafarros delirantes, su enchufismo general y su favorecimiento de empresas amigas.
Tras el caso Juan Guerra, que forzó la dimisión de su "emmano" Alfonso, saltó el caso Tragaperras, derivado de aquel. Luego sucedió, en 1992, el caso Ollero, que afectó a consejeros y altos cargos de la Junta. Siguió el caso Chaves-Caja de Ahorros de Jerez, con un préstamo desaparecido a 32 dirigentes socialistas que nunca se pagó. También estuvo el caso de los intereses de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía que aparecían abonados en las cuentas del PSOE. En 1992, la Expo de Sevilla dio pie a numerosos casos con Jacinto Pellón de estandarte.
Tras el caso de los viajes gratis total, que afectaron a Manuel Chaves, Mariano Rubio y otros, llegó el caso Salinas-Montaner, ambos ex consejeros de la Junta que recibieron de Jesús Gil 200 millones de pesetas a cambio de hacer la vista gorda en el urbanismo marbellí. Estalló después el caso Faros, que mostraba cómo incluso ministros socialistas veraneaban en estos lugares públicos. Luego vino el caso del pilotaje ilegal de buques por parte del delegado del gobierno socialista en Ceuta y el caso Oliva, que mostró como el abogado de Juan Guerra quiso comprar al juez del caso, Ángel Márquez con un puesto en el Consejo del Poder Judicial.
Luego ha habido muchos más, el espionaje de los presidentes de las Cajas de Ahorros de Sevilla entre ellos, que implicó al propio Manuel Chaves, la concesión de una ayuda millonaria a Minas de Aguas Teñidas, donde trabajaba la hija del propio Chaves, hasta llegar a los macrocasos en la época de la juez Alaya, pasando por el caso Malaya, con importantes socialistas implicados además de la cúpula del GIL, el caso Astapa en Estepona o la Operación Poniente en El Ejido, entre otros.
Por fin llegamos a los macrocasos que ocupan la última fase de la historia del socialismo andaluz. Su envergadura hace palidecer hasta el punto de que alguno de ellos, el caso ERE, con dos ex presidentes socialistas de Andalucía y 20 altos cargos de la Junta procesados, está considerado como el segundo mayor caso de corrupción de la historia de España. Pero no puede olvidarse el inmenso caso del fraude en formación, el de las subvenciones de la UGT andaluza ligada al PSOE, el caso de los avales públicos a empresas amigas y el caso Invercaria.
Este panorama sangrante es el que hace inexplicable la actitud de Pedro Sánchez cuando sólo se refiere a la corrupción del PP, que la hay, pero ni tan extensa ni tan intensa como la socialista, sólo en Andalucía, y sin recordar Filesa, el caso Banco de España, el caso AVE, el caso de Luis Roldán y otros de nivel nacional.
Como decíamos al principio, el problema principal de Susana Díaz no es Pedro Sánchez. Su problema fundamental es convencer a los miles de afiliados y militantes socialistas de que lo que ha logrado mantenerse,cada día más a la baja, en Andalucía durante cerca de 40 años, enchufismo y ocupación del espacio institucional y civil incluídos, es un modelo de futuro para un socialismo del siglo XXI, democrático y europeo.
(I) "DIFERENCIAS PROVINCIALES DE BIENESTAR EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX", de Antonio Escudero e Hipólito Simón (Universidad de Alicante) en el IX Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, Murcia (2008)