El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado este martes el recurso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, en el que alegaron el principio de inviolabilidad parlamentaria para pedir el sobreseimiento de la causa abierta contra ellas por permitir el debate de varias iniciativas soberanistas en la Cámara catalana.
La interlocutoria del tribunal concluye que este principio no es aplicable en este caso porque los diputados son inviolables por sus votos y sus opiniones en el ejercicio del cargo, mientras que a estas dos diputadas no se las investiga por esto, sino por los supuestos delitos de "prevaricación y desobediencia grave" al Tribunal Constitucional (TC).
La juez Maria Eugènia Alegret esgrime que en la actuación de estas dos miembros de la Mesa del Parlament no se investiga ningún delito de opinión, sino de "dar curso a iniciativas parlamentarias ya declaradas inconstitucionales", por lo que el principio de inviolabilidad queda intacto y el procedimiento judicial debe seguir.
Forcadell y Simó adjuntaron en su recurso un informe del Síndico de Agravios de Cataluña -defensor del pueblo de Cataluña- crítico con la judicialización de cargos electos soberanistas, un documento que la jueza ve "respetable" pero que considera que no puede alegarse para frenar esta causa.
Alegret concluye que en la investigación a Forcadell y Simó la libertad de expresión no ha quedado "comprometida" y esgrime, además, que para iniciar una causa penal contra diputados no es necesario la autorización del Parlamento catalán.
La interlocutoria también recuerda que el Tribunal Constitucional esgrimió en su día que la autonomía parlamentaria "no puede servir de pretexto para que la Cámara autonómica llegue hasta el extremo de arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional".
Declaración de Forcadell
Precisamente, cuatro de los cinco miembros de la Mesa investigados han apelado al principio de inviolabilidad parlamentaria en sus declaraciones ante el tribunal; el quinto, Joan Josep Nuet, aún no ha prestado declaración.
Forcadell, cuando declaró el 8 de mayo ante el TSJC, pidió al tribunal y a la Fiscalía defender este principio como garantía de la separación de poderes: esgrimió que se está poniendo en riesgo la libertad de expresión de los diputados del Parlamento.
En una declaración política posterior, afirmó que "hablar no es un delito, debatir no es un delito, y votar no es un delito", por lo que consideraba que la investigación contra ella era una despropósito al que debía ponérsele fin.