La Comisión Anticorrupción del Congreso analiza durante estos días la financiación de los partidos políticos en una ronda de comparecencias en la que los expertos alertan de los graves déficits de la legislación o de la falta de transparencia de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.
1. Los partidos autonómicos quedan fuera del sistema
El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jaume Amat Reyero, ha advertido de que hay partidos, como la CUP, cuya contabilidad no está suficientemente fiscalizada porque la Sindicatura de Cuentas únicamente puede controlar los gastos de estos partidos durante la campaña electoral, pero no su contabilidad anual ordinaria.
Este agujero en el sistema es posible gracias a la reforma aprobada en el Congreso en el año 2015, en la que se concedió la competencia exclusiva de fiscalizar la contabilidad general de los partidos al Tribunal de Cuentas estatal, pero sólo la de aquellas formaciones que tienen representación en las Cortes. Así que los partidos que únicamente tienen representación en el parlamento autonómico, como la CUP, escapan al control del Tribunal de Cuentas y los entes regionales sólo están facultados para vigilar sus gastos durante los comicios electorales.
El responsable del fiscalizador catalán detalló que la Sindicatura de Cuentas catalán sí fiscalizaba la contabilidad general de todos los partidos del Parlamento autonómico, pero tuvieron que dejar de hacerlo tras la reforma aprobada por en el año 2015 por el Congreso.
2. Control a medias
Amat Reyero también criticó que en realidad los fiscalizadores no controlan el gasto electoral en sentido estricto, sino únicamente "la justificación necesaria para cobrar la subvención" a la que tienen derecho los partidos con representación, es decir, que los que no tienen opción a cobrarla, también escapan al control. "Hay una parte del gasto electoral, posiblemente pequeño, que no se controla", comentó.
3. Sólo durante las campañas electorales
La legislación sobre el control de los gastos electorales deja fuera de la fiscalización el periodo de precampaña. El presidente del Tribunal de Cuentas catalán asegura: "Si vamos más lejos y queremos saber realmente qué se han gastado los partidos desde el inicio hasta el final, a lo mejor hemos de plantearnos qué hacemos con ese periodo de precampaña. No van a cobrar subvenciones por eso, pero a lo mejor deberíamos ir más lejos de lo que es la subvención pública que se recibe por los gastos de campaña".
4. Falta de recursos
Los órganos fiscalizadores carecen de los recursos suficientes para realizar un control eficaz de las cuentas de los partidos políticos. Amat Reyero cree que si se opta por cambiar el sistema actual y aumentar la supervisión de los gastos, más allá de la justificación de la subvención, habría que dotar de más recursos a los fiscalizadores, darles más competencias para poder hacer más pesquisas sobre los gastos de los partidos y "saltarse el esquema de controlar solo lo que declaran".
5. La opacidad de las fundaciones
El director de la oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno Jubero, ha alertado de una "opacidad instrumental" en torno a las fundaciones de las formaciones políticas y ha reclamado cambios legales para reforzar el control sobre ellas y sobre otras entidades privadas vinculadas a los partidos.
En su opinión, "los partidos políticos están bajo un control directo bastante intenso o muy intenso", pero "no lo están tanto aquellas fundaciones y, sobre todo, aquellas entidades asimiladas que tienen relación con los partidos políticos".
La Oficina Antifraude realizó un estudio que detectó "disfunciones" y "distorsiones" en relación con las fundaciones. Entre las más flagrantes destacan la carencia de un registro público de fundaciones y asociaciones políticas, tampoco hay una "fiscalización" global de las entidades y por si esto fuese poco, las fundaciones, asociaciones o empresas privadas vinculadas a los partidos no se identifican claramente, lo que las acaba convirtiendo en una especie de "empresa interpuesta con el partido político" que puede "recibir donaciones de empresas privadas contratistas o adjudicatarias de las administraciones o corporaciones del mismo grupo".
Por ese motivo, Gimeno Jubero propone crear un registro público de entidades vinculadas a partidos políticos donde la inscripción sea obligatoria y que permita inspeccionarlas. También apuesta por órganos independientes de control y fiscalización que vigilen estas sociedades, que puedan comprobar las donaciones que reciben por parte de empresas y que vigilen si los donantes luego son agraciados con adjudicaciones o contratos por parte de los poderes públicos gobernados por los partidos afines a esas entidades.