Un somero repaso a las agencias de prensa sobre la situación de la lucha de la Policía y la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar contra el tráfico de drogas y unos delincuentes cada vez más violentos y cualificados –han llegado a utilizar naves nodrizas para el transporte de la droga– da como resultado un clima de indignación general por una situación que podría considerarse, con propiedad, una guerra en toda regla.
A lo largo de décadas, el tráfico de drogas en la comarca gibraltareña, con dos orígenes reconocidos como Gibraltar y Marruecos, ha sido una forma de vida para una parte importante de las poblaciones que se asientan junto al Peñón. Todavía se recuerdan aquellas imágenes de las hileras de vecinos a plena luz del día ayudando a transportar los paquetes de hachís desde las lanchas lanzaderas hasta los pisos donde se ocultaban para su posterior distribución.
Pero desde hace unos meses los traficantes no se limitan ya a trasladar la droga al interior de España, sino que parecen buscar un enfrentamiento violento con los agentes de la Policía y la Guardia Civil que denuncian no contar con medios suficientes. Palizas, apedreamientos y demás incidentes violentos son considerados por el gobierno como "hechos aislados" pero han tenido en muchos casos consecuencias hospitalarias para los afectados. Por el otro lado, se han producido muertes en las fuerzas de los narcos.
Por ejemplo, a mediados de abril guardias civiles y policías nacionales eran agredidos en La Línea provocando una reacción del PSOE de Cádiz, que exigía al gobierno refuerzos de seguridad con la máxima urgencia, a las acusaciones de pasividad por parte de los colectivos organizados de la Policía y la Guardia Civil, desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil a la Asociación Unificada de la Guardia Civil y el SUP, que solicitaba la declaración de "zona conflictiva" la comarca gibraltareña.
Poco después, ya en mayo, un agente de la Guardia Civil con puesto en la Comandancia del Campo de Gibraltar fue atacado y brutalmente golpeado por unos narcotraficantes a los que había pedido la documentación al advertir extraños movimientos de su coche.
Hay otros incidentes como coches policiales atacados por vehículos de narcos, apedreamientos de coches e incluso de helicópteros y atropellos, que parecen ser la respuesta de los delincuentes a la actuación de las fuerzas de seguridad que, a finales del mes de abril, detenía a 30 importantes miembros de una de las principales ramas del tráfico de drogas en la zona pertenecientes al "clan de los Castañas".
Se sitúa en el origen de la "guerra" la muerte de cuatro narcos que se estrellaron contra una patrullera de la Guardia Civil tras una enconada persecución.
El suceso llegó el 4 de mayo al Senado, cuando el socialista Francisco González Cabaña preguntó a Juan Ignacio Zoido por éste y otros incidentes en los municipios de la zona del Estrecho. El ministro, en el pleno del día 9, respondió que el agente agredido no estaba aún en su puesto, y afirmó que los ocurridos antes eran "casos aislados".
La pregunta de González Cabañas fue: "¿Qué está haciendo el Gobierno para garantizar la seguridad de Guardia Civil y Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico en las costas españolas?".
En su respuesta, Zoido dijo que cuando "las bandas están organizadas, cada día son más agresivas, tienen más medios y, por tanto, son también más peligrosas. Por eso, gracias a la formación que tienen, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil son capaces de dar respuesta. E, insisto, cada día les estamos ofreciendo más medios desde el punto de vista individual. Y, asimismo, por el uso especial que hacen esos cuerpos en la costa y en la lucha contra el narcotráfico, están equipados también de medios colectivos para poder dar respuesta a esos delitos tan graves que se están cometiendo".
Además, dijo que se iban a incrementar en más de 5.000 los efectivos de las fuerzas de seguridad, que el PSOE no aumentó, y que los hechos eran aislados en el contexto nacional donde sólo reconoció 13 delitos de atentado, de los cuales 5 fueron graves, en 2016 y 8, 4 de ellos en la provincia de Cádiz, en 2017.
Sin embargo, medios de comunicación de la zona, colectivos organizados de los cuerpos de seguridad y grupos sociales y políticos, especialmente el PSOE, insisten en la falta de medios de los agentes.