Ese, al menos, es el deseo del ponente del caso, el magistrado Juan Antonio Calle Peña. Para ello ha convocado a los abogados de las partes y a la Fiscalía el próximo día 23 de junio. Si será o no finalmente en diciembre dependerá de todos los asistentes a dicha reunión si bien llegar a 2018 sin el comienzo de un juicio tan esperado podría suscitar nuevas críticas a la lentitud de la Justicia.
Cuenta Diario de Sevilla que la idea del ponente es que sean las cuestiones previas las que se diriman en los días hábiles que se fijen en el mes de diciembre para pasar al interrogatorio de los testigos y las pruebas testificales para el mes de enero de 2018.
No es baladí que comience cuanto antes el juicio que promete ser un juicio estrella por el asunto encausado, los ERE, y los acusados, la cúpula de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista a lo largo de casi una década. Se trata de que un juicio que puede durar meses no se alargue hasta 2019, año en que comienzan a tener lugar procesos electorales de índole general, como unas elecciones municipales y en vísperas de unas elecciones generales.
El diseño del juicio contempla el maratón judicial de celebrar sesiones cuatro veces a la semana si se quiere evitar la demora obligada de un juicio que tendrá repercusión mediática en toda España.
Al parecer, son las defensas las que no desean un juicio intensivo de esa índole porque cuatro días por semana implicaría un abandono, en la práctica, de los bufetes y los trabajos habituales.
Como precedente de un caso similar, pero de menor entidad por la cualidad de los imputados, está el caso Malaya. Este caso que abordó el caso de la corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Marbella, comenzó a instruirse en el año 2006 y el juicio comenzó el 27 de septiembre de 2010 con 122 sesiones que duraron 22 meses y 122 sesiones. Por ello, los abogados del caso fueron eximidos de la existencia obligatoria a todas las sesiones si los temas tratados en las mismas no afectaban a sus clientes.
En aquel juicio se acreditaron 300 periodistas para dar cuenta de sus sesiones y en este caso, se esperan cifras similares por lo que es preciso estudiar cuidadosamente dónde se va a celebrar el juicio, si en el edificio de la Audiencia de Sevilla o en otra parte. Además, ya se ha puesto en marcha el refuerzo de la Audiencia con tres nuevos jueces.
La tarea decisiva de la juez Alaya
Es el único caso parcial de todo el entramado de los ERE, del fraude de la formación y de los avales que responde a la instrucción original de la juez Alaya, que siempre se opuso al troceamiento del caso por restar sentido al conjunto de la instrucción. Tras su marcha a la Audiencia de Sevilla, la instrucción de su sustituta, la juez Núñez Bolaños, de acuerdo con la Fiscalía, troceó el caso ERE y el caso de la formación, dejando a ambos con un destino incierto.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ex presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE a nivel nacional, serán acompañados por 20 de sus altos cargos en la Junta, desde consejeros a directores generales. Están acusados de construir un un complejo sistema de transferencias que logró desviar el dinero público del circuito de ayudas habitual, eludiendo los mecanismos de control por parte de la Administración que tuvo como consecuencia el desvío de la escandalosa cifra de 741 millones y medio de euros.
Los acusados más importantes después de los mencionados son los exconsejeros de Gobierno José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez -ministra de Fomento con Zapatero-, Gaspar Zarrías -expresidente en funciones de la Junta- y Antonio Fernández.
La Fiscalía anticorrupción pide seis años de cárcel para Griñán por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación; y 10 años de inhabilitación para Chaves, al que atribuye únicamente prevaricación. El PP, constituido como parte de la acusación, aumenta las penas a 8 años de cárcel para Griñán y a 2 años para Chaves, así como 22 y 42 años de inhabilitación respectivamente. La Junta, personada en el caso, pide el archivo de la causa.
La principal anomalía del proceso, que ha contribuido al retraso del juicio, fue la adjudicación de la presidencia y la ponencia del caso a un magistrado, Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía nombrado por Manuel Chaves y mantenido por José Antonio Griñán y Susana Díaz, luego vuelto a la Audiencia de Sevilla. Aunque el caso le sobrevino en un sorteo fue finalmente apartado del mismo por falta de apariencia de neutralidad, tras las denuncias del PP.
El meollo del juicio, según la Fiscalía
El sistema utilizado por los responsables socialistas del gobierno andaluz consistía en modificar los presupuestos de la Junta e introducir las transferencias de fondos con destino a la Agencia IDEA, dependiente del Instituto andaluz de Fomento. Después, la Consejería de Empleo gestionaba ese dinero a través de un órgano llamado Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que ya no estaba sujeto a fiscalización o control ordinario. De esta forma, los acusados concedieron las ayudas sociolaborales sin atender a los criterios de necesidad y publicidad.
Ni siquiera fijaron un límite de dinero concedido a dedo, según se extrae del informe de acusación. Dado que poseían capacidad para modificar los presupuestos desde sus cargos políticos, las ayudas se pusieron en manos de la Consejería de Empleo que gestionó a su libre albedrío los fondos públicos. Concedían las transferencias a los beneficiarios que ellos mismos elegían vedando esta posibilidad a los ciudadanos o las empresas que realmente cumplían los requisitos al estar afectados gravemente por las consecuencias de la crisis.
"Personas que ni siquiera pertenecían a empresas accedieron a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial", describe textualmente el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que esta gestión, realizada por los encausados pertenecientes a Empleo, era conocida por el resto puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde 2002.