Tanto el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, como el de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, han asegurado por activa y por pasiva que el referéndum de autodeterminación que pretenden celebrar el próximo 1 de octubre no será como el del 9-N de 2014. Aquel se organizó con voluntarios, se llamó "proceso de participación" y no era vinculante. En cambio, el resultado de la consulta del 1-O será de "aplicación inmediata" porque "será igual que una votación", dicen Puigdemont y Junqueras.
En la primera sesión de control tras el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, Puigdemont ha anunciado que a finales de junio dará detalles sobre la organización del complejo dispositivo electoral. Para abrir boca, ha dejado caer que se abrirá una "bolsa de agente electorales" donde deberán apuntarse, sean funcionarios o no, quienes quieran colaborar en la consulta. A pesar del carácter voluntario, quienes se inscriban cobrarán dietas.
"Agentes electorales" pagados
En el grupo parlamentario de Junts pel Sí difunden la teoría de que la "bolsa" también se podría conformar con desempleados y que la Ley Orgánica de régimen electoral general no obliga a que estos "agentes electorales" sean funcionarios. La Generalidad calcula que necesitará unos 4.500 "voluntarios" de pago para las tareas de recogida de datos y contabilización de las papeletas. Las presidencias y vocalías de las mesas electorales recaerían en los militantes de las formaciones separatistas que ejercen de interventores en los comicios y en los socios de las entidades separatistas.
Puigdemont ha dejado claro que el referéndum será una jornada electoral "normal". Esta vez, por ejemplo, no podrán votar los mayores de 16, se constituirá una junta electoral y se invitará a observadores extranjeros para garantizar la neutralidad del proceso. Hasta tiene previsto Puigdemont que haya una campaña contraria a la secesión con espacios electorales incluidos.
Para dificultar la reacción de la Fiscalía, Junts pel Sí y la Generalidad mantienen bajo siete llaves las denominadas leyes de desconexión que, sostienen impávidos, darán cobertura legal no sólo a la consulta sino a la proclamación de la república. Ante las dudas expresadas por los grupos parlamentarios sobre la verdadera capacidad operativa de la Generalidad, Puigdemont ha mantenido que todo está dispuesto para la votación, incluso un censo electoral homologable.
"Irresponsable" y "pirómano"
La jefa de la oposición y líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, es quien ha arrancado a Puigdemont la novedad de la "bolsa de agentes electorales" tras insistir en el riesgo de que se vean arrastrados a participar en la organización del referéndum contra su voluntad.
El dirigente del PP catalán Xavier García Albiol ha preguntado directamente a Puigdemont si el concurso para la compra de urnas tiene que ver con la celebración del referéndum (tal como supone el fiscal superior de Cataluña en su escrito de ampliación de la querella contra la titular del departamento de Gobernación, la convergente Meritxell Borràs), pero el president ha eludido contestar. Albiol le ha calificado de "irresponsable" y "pirómano".