En 2001 se fraguó el "cártel del Fuego", también conocido inicialmente como "Grupo 6", presuntamente protagonista del caso denunciado en 2015 con escasas repercusiones mediáticas hasta el día de hoy. Ese año, un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía prendió la mecha de un caso que sigue dando tumbos por los tribunales a pesar de su relevancia económica y política.
Poco después, Ecologistas en Acción, organización histórica del ecologismo andaluz, denunciaba asimismo el caso. Altos cargos del PSOE y de la Junta en Andalucía y también en Valencia, del PP, están relacionados en su trama. Este jueves ha vuelto a denunciarse ante su escaso movimiento en los juzgados.
El cártel del Fuego, el nombre le fue puesto por la Policía Judicial, fue creado, según los informes policiales, en la localidad cordobesa de Palma del Río el 20 de septiembre de 2001 por las empresas Faasa, junto a Avialsa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. La localidad de Palma del Río es la sede de Faasa, una empresa "amiga" de la Junta de Andalucía.
El caso pasó a la Audiencia Nacional que consideró, y recoge Confidencial Andaluz, que los implicados y sospechosos de pertenencia a organización criminal y alteración de precios en concursos públicos, eran los siguientes:
1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRIG;
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HÉCTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN;
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICÓPTEROS, S.A., HELICSA HELICÓPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBÉN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU;
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEOS Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA;
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO;
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCÍA CID, en lo que se refiere a la llamada "Asociación" o "Grupo 6", si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios;
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo;
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez;
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintan;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACION SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén.
La novedad de la denuncia de este jueves consiste en que el funcionario relaciona el caso de la empresa andaluza Faasa, con los modos de actuación de la "administración paralela" andaluza, el caso Ojeda, del fraude de la formación, y el caso Magtel, la empresa que participó en la concesión de las minas de Aznalcóllar.
En concreto, en el texto de la ampliación de la denuncia donde se llama "Jungla de Andalucía" a la Junta, se dice textualmente: "¿Cuál es el sistema para robar? Pues la administración paralela, la "huida del derecho administrativo"… ¿Qué puedes hacer? ¿Qué solución han encontrado masivamente en Andalucía? Pues la solución que han encontrado es lo que ha venido a llamarse el sistema andaluz...La solución está en que tú no saques los contratos en las Consejerías, sino en la primera administración paralela que son las empresas públicas. Lo que te permite las empresas públicas es que te puedas saltar la ley de contratos cuando pueda haber algún tipo de riesgo de concurrencia que te lo eche todo a perder".
Este jueves, el mismo funcionario ha denunciado a la Junta de Andalucía ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que debe velar por la transparencia de los mercados en interés de consumidores y empresas -algo que no ha hecho la Junta de Andalucía a pesar de haber encontrado "colusión" en el caso -, recordando que ya denunció en un juzgado de Sevilla el concierto que varias empresas habían hecho, ilegalmente, para obtener los contratos de medios para el sofoque de los incendios.
Ese año, Jaime González, el funcionario denunciante, explicó a la Justicia que una jefa de sección llamada Dª. Teresa López García "me comentó que en ese contrato en concreto existía fraude, puesto que según su versión ella había tenido que asistir a la mesa de contratación del contrato de 2013-2014 y decía que estaba amañado para que la adjudicación del mismo se lo llevará la empresa cordobesa FAASA que según ella había escuchado era una "empresa del partido". El documento está en poder de Libertad Digital.
Sus averiguaciones condujeron a la denuncia de que "el contrato de fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales en las campañas Infoca 2015-2018" estaba siendo objeto de incumplimientos jurídicos». Esto es, se adjudicó a los miembros del Cártel el contrato al precio más alto posible.
El caso del Cártel del Fuego saltó las fronteras andaluzas ya que la supuesta trama de corrupción de los concursos de los medios contra incendios por un importe superior a los 100 millones de euros se extendió a otras comunidades, especialmente Valencia, donde gobernaba el PP y en la que altos cargos de la Generalidad relacionados con las contrataciones recibían regalos varios.
Como consecuencia, tuvo lugar la detención en 2015 del ya exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, una pequeña parte de una presunta trama de corrupción nacional dedicada al amaño de contratos relacionados con la lucha contra incendios en un buen número de comunidades autónomas e, incluso, en Portugal.
Según la investigación, determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales, pertenecientes todas a la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), crearon una red para alterar o influir en el precio de las adjudicaciones.
Estas empresas habrían creado un monopolio para hacerse con las adjudicaciones, pactando precios bajos y repartiéndose el dinero sobrante, teniendo cada una de ellas sus propias regiones de influencia, y habrían llegado a controlar como cartel las adjudicaciones que se daban en las regiones de Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. A esto se sumaría su entrada pactada en el mercado portugués.
La Junta de Andalucía siempre defendió que el problema es que las empresas de medios, especialmente aéreos, antiincendios son pocas y que casi siempre los contratos deben recaer en las mismas, y así lo defendió en el Parlamento andaluz en 2016.
El asunto, en su vertiente andaluza, sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla aunque vinculado a la investigación de la Audiencia Nacional en torno a la asignación de los servicios de extinción de incendios forestales que podría haber generado un fraude superior a los 100 millones de euros. También es investigado por el juzgado número 16 de Sevilla.
Políticos mencionados
Todos ellos han estado relacionados con el Grupo FAASA, una relevante empresa familiar andaluza del sector aeronáutico, con 500 trabajadores y situada en Palma del Río (Córdoba).
Uno de los nombres más destacados vinculados a Faasa es Rafael Velasco, ex secretario de Organización del PSOE con José Antonio Griñán y dimitido por un escándalo en el fraude de la formación en el que intervino Faasa.
Otros nombres relacionados son el de Antonio Pulido, socialista íntimo de Susana Díaz y presidente de la Fundación Cajasol y Mario López Magdaleno, coadjudicatario desde su empresa Magtel de la Mina de Aznalcóllar.
El expresidente Griñán utilizó los medios de FAASA para volar a Roquetas de Mar y su pupilo Velasco, entonces número dos del PSOE, explicó que su partido tenía suscrito con FAASA un "contrato general" para que los altos cargos socialistas volaran en aviones privados mientras Faasa negaba la existencia de tal contrato".
Las ayudas proporcionadas por la agencia IDEA, la misma entidad "paralela" interviniente en de los ERE, Invernaría y otros casos, fueron decisivas para el éxito de Faasa, que participó además en la organización de cursos de formación.