El proceso afronta la fase final con una ley de transitoriedad jurídica que se erige en norma suprema para garantizar la celebración del referéndum del 1 de octubre y de la que ya se conoce el preámbulo y tres artículos. Catalunya Ràdio, la emisora de la Generalidad, ha sido el medio elegido por los nacionalistas para dar difusión al contenido, un avance del acto parlamentario anunciado por Puigdemont para este martes sobre los cómos y cuándos de la organización de la consulta.
Los tres primeros artículos establecen la "soberanía" del pueblo catalán y un "régimen jurídico excepcional" que salvaguarda la celebración del referéndum y ampara a "todas aquellas autoridades y empresas que participen ya sea directamente, ya sea indirectamente en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum".
El objeto de la ley se determina en el artículo primero, que reza: "Esta ley regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, sus consecuencias en función de cual sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña".
El segundo capítulo establece que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña, que el Parlament es su representante y se hace saber en el punto 2 del artículo 3: "Esta ley establece un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y a garantizar el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Por este motivo, prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña".
Leyes internacionales
El bando se titula "Ley del referéndum de autodeterminación" y se abre con una "exposición de motivos" en el que se afirma que las leyes internacionales refieren el derecho de autodeterminación como el primer derecho fundamental y que se han dado casos de nuevos estados "sin que el ejercicio del derecho a decidir viniera motivado por el fin del imperialismo". En cuanto a la soberanía, el redactado se remite a los acuerdos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, sostiene que han intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno para una consulta pactada y fija la "ruptura del pacto constitucional" en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la "desnaturalización" del Estatuto.
El "hallazgo" jurídico que permite desmontar España radica en que los pactos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas de 1966 fueron suscritos por España en 1977 y apelan al artículo 96 de la Constitución sobre los tratados internacionales en el ordenamiento interno.
Puigdemont, de broma
El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha respondido a esta información con un tuit en su tono jocoso habitual: "Qué país más difícil de entender: te vas a dormir nazi y te despiertas bolivariano. Y puede que para comer ya seamos norcoreanos".
La filtración de este fragmento legal sobre el referéndum coincide con la información de El País sobre la nueva constitución catalana. Según ese borrador de ley de transitoriedad jurídica, la redacción de la Constitución correría a cargo de un "proceso participativo de base ciudadana". La "asamblea constituyente" sería la encargada de dar el visto bueno al texto, someterlo a referéndum y proceder a la disolución del parlamento y la convocatoria de unas elecciones para designar la primera cámara republicana y al jefe del Estado, que sería a su vez el presidente del Gobierno.
Aviso de la CUP a los alcaldes
En paralelo, los diputados de la CUP han publicado en el medio Naciódigital una "carta abierta" en la que muestran sus condiciones para un referéndum válido. Exigen un referéndum con "todos los elementos que en el imaginario electoral forman parte de una cita electoral". Además, lanzan un aviso a los alcaldes: "Conviene que los puntos de votación sean los de siempre, cedidos por los ayuntamientos en el marco de un proceso de adhesión política al compromiso que debe ser pública. Debemos saber cuáles son los ayuntamientos que mantendrán los colegios cerrados a fin del que el Govern establezca puntos de votación en locales propios o de la diputación correspondiente". También pide la constitución de una "comisión de expertos internacionales".
Habida cuenta de los problemas logísticos del referéndum, de la falta de urnas, censo, registro de electores en el exterior y demás elementos, los diputados de la CUP advierten: "Es necesario que el Govern actúe de forma colegiada, sin fisuras ni dobles estrategias, poniendo por delante el compromiso adquirido, relegando a un último plano los intereses personales vinculados con carreras políticas".