En un acto que ha tenido lugar este martes a las 14:30 h, se ha presentado en público la Alianza de Denunciantes contra la Corrupción promovida por destacadas personas que han denunciado la corrupción en Andalucía y que se han visto perjudicados por sus denuncias a pesar de la veracidad de las mismas.
Entre sus promotores figura Luis Escribano del Vando, funcionario que fue destituido gratuitamente por un director general de la Junta por haber denunciado prácticas arbitrarias en el trato a los Ayuntamientos en la Comunidad Andaluza. Cuando el PP quiso que compareciera en el Parlamento andaluz, PSOE y Ciudadanos se opusieron.
Otro de sus promotores, menos conocido pero cuyas denuncias han tenido una gran importancia política, es Roberto Macías Chaves, uno de entre otros trabajadores de empresas de UGT en Andalucía que explicaron a la Guardia Civil cómo se operaba en la organización con clientes, contratos, subvenciones y "botes". Libertad Digital fue quien comenzó la publicación exclusiva de aquel escándalo en 2013.
También figura entre los promotores de la ADECC Jaime González Díaz, el denunciante del caso del Cártel del Fuego, que está en los tribunales sevillanos e incluso en la Audiencia Nacional. De su denuncia se dedujo la existencia de un acuerdo entre empresas abastecedoras de medios contraincendios, sobre todo aéreos, en Andalucía y otras Comunidades para obtener contratos y adjudicaciones favorables.
Se incluye entre los promotores al polémico empresario almeriense, Luis Montoya y sus colaboradores, como el abogado, Juan Jesús Martínez López, todos ellos impulsores del escándalo de la Operación Poniente que puso en jaque a todo el gobierno municipal de El Ejido a través del diario El Mundo, que entonces editaba precisamente Montoya. En realidad, el caso fue impulsado por los trabajadores de una empresa de Abengoa, Elsur.
Montoya es ahora el principal perseguidor del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, que además de presidente de la Diputación de Almería con el apoyo de Ciudadanos, es presidente del PP de la provincia de Almería y hombre clave en el PP andaluz, vinculado a Mariano Rajoy a través de Javier Arenas.
Se está a la espera de que se incorporen otras personas relevantes que han sido represaliadas por sus denuncias de la corrupción en la Junta de Andalucía como Guillermina Bermejo, de la Asociación Defiendo mi Derecho que aboga por una función pública independiente de los partidos políticos y Teodoro Montes, que fue testigo protegido de Mercedes Alaya en el caso del fraude de la formación.
Igualmente, se está en conversaciones con el famoso Spiriman, el médico Jesús Candel, promotor de la más que importante marea "blanca" en la sanidad andaluza contra la situación de la sanidad andaluza, especialmente la desaparición de hospitales en Granada, Huelva y las reformas hospitalarias en otras ciudades.
Aunque en fase de primeros pasos, Luis Escribano ha dicho a Libertad Digital que se trata, más que nada, de aunar los esfuerzos que se hacen desde diversas asociaciones de la sociedad civil andaluza que lleva años denunciando la corrupción para potenciar sus efectos sobre la sociedad y, al tiempo, defender a los denunciantes veraces de otros casos que puedan aparecer ante las represalias habituales de la Junta y de otros poderes fácticos andaluces.
Este primer acto de este martes ha tenido como fin denunciar la Oficina de Prevención de la Corrupción inspirada por la Junta de Andalucía y apoyada por el PSOE y Ciudadanos, nuevo ente que la Alianza considera absolutamente inservible en la lucha contra la corrupción y que, por si fuera poco, constituye un peligro cierto para los denunciantes.
La Alianza de Denunciantes contra la Corrupción insta a que se retire el Decreto Ley que ha servido para la creación de la Oficina mencionada y se elabore un Plan de Prevención de la Corrupción, con medidas disuasorias y preventivas eficaces, y desde la sociedad civil y la colaboración de diferentes expertos en el tema a través de una Oficina Técnica, no política.