A ochenta días del 1 de octubre, fecha fijada por el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para el referéndum de autodeterminación de Cataluña, cunde la improvisación en el seno del ejecutivo autonómico. Ningún consejero se atreve a dar un paso en falso y menos que nadie el vicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, que rechaza asumir el protagonismo y la coordinación de la consulta.
Junqueras y el minister de Exteriores y Transparencia Raül Romeva fueron expresamente mencionados por Puigdemont como responsables logísticos del referéndum durante la moción de confianza a la que se sometió el pasado mes de septiembre. Ambos fueron citados también este martes por la consejera portavoz, Neus Munté, a cuenta de las informaciones que apuntaban a la creación de un "comisionado" del referéndum en el Gobierno catalán.
El elegido por Puigdemont es Junqueras, que se ha negado de plano a ejercer de conseller-kamikaze del referéndum, salvo que el president acepte el papel de florero, le deje manos libres para acometer una escabechina entre los consejeros del PDeCAT y los actos jurídicos relevantes lleven una firma colectiva.
El conflicto interno explotó hace dos meses, cuando Meritxell Borràs, consejera de Gobernación, pidió que Oriol Junqueras firmara la orden para proceder al concurso para la compra de las urnas. El líder republicano adujo que no era necesario. La disputa se resolvió a favor de Junqueras. Borràs tuvo que recurrir a altos cargos para formar la mesa de contratación porque ningún funcionario de carrera se prestó a participar en ella. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se querelló contra la consejera y el entonces secretario general del departamento, Francesc Esteve, hijo del expresidente de la Diputación y exalcalde de Martorell Salvador Esteve.
Traición a los funcionarios
Tras anular el concurso por razones "técnicas", la defensa de Borràs y Esteve presentó recurso contra la investigación que ha sido desestimado. Esteve ha sido ascendido por Puigdemont director del Gabinete Jurídico de la Generalidad. Su primera actuación ha consistido en dar el visto bueno a otro recurso, esta vez ante el Tribunal de Cuentas para que los inhabilitados por el 9-N, Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, no tengan que responder con su patrimonio por el gasto de más de cinco millones de euros públicos para aquella consulta de 2014. En el escrito se asegura que fueron funcionarios quienes autorizaron en última instancia los gastos y no los cargos políticos, según la argumentación de los abogados de la Generalidad.
En este contexto, la convocatoria del referéndum ha sido un éxito del separatismo culminado con el manifiesto Guardiola y la denominada ley del referéndum. Otra cosa es la organización. Tras el cese del consejero Baiget por dudar sobre la celebración de una consulta vinculante, Francesc Homs declaró estar "hasta los huevos". Se quejaba de que Puigdemont aceptara las presiones e imposiciones de ERC y la CUP y de que todas las inhabilitaciones y ceses caían del lado convergente mientras los republicanos surfean la situación sin salpicaduras legales.
La intención de los dirigentes del PDeCAT es electrocutar a Junqueras con el referéndum y eliminarlo como cabeza de cartel de ERC de cara a las próximas elecciones autonómicas. Todos los sondeos coinciden en atribuir a ERC la condición de partido más votado mientras hunden a los neoconvergentes. Artur Mas trabaja con insistencia en la reedición de una coalición electoral entre el PDeCAT y ERC, una nueva versión de Junts pel Sí que los republicanos rechazan de plano conscientes del desgaste de la corrupción y el sistema 3% y de las opciones de formar un nuevo tripartito con los comunes de Colau y el PSC plurinacionalista.
La purga que quiere ERC
Para encabezar la ejecución operativa del referéndum, Junqueras ha puesto una draconianas condiciones a Puigdemont, según El País, que el president no ha podido asumir. Quería mando en plaza, el relevo del secretario general del ejecutivo regional, Joan Vidal de Ciurana, y conocer la disposición a llegar hasta el final de algunos consejeros del PDeCAT. En la lista de sospechosos de Junqueras están Neus Munté, consejera portavoz, la titular de Gobernación Borràs y la de Enseñanza, Meritxell Ruiz.
En ERC hurgan en las "confesiones" de Baiget sobre el temor entre los consejeros del PDeCAT a tener que afrontar importantes sanciones económicas, algo a lo que parece muchos de ellos no están dispuestos.
Junqueras propone que todos los actos jurídicos relevantes sean firmados en bloque por los componentes del gobierno, gesto político que plantea notorias dificultades administrativas y que podría acarrear la nulidad de los decretos por defecto de forma.
"Escudos humanos"
El propósito del bloque separatista es aprobar la ley del referéndum en la segunda quincena de septiembre y acto seguido dar curso al decreto de convocatoria del 1 de octubre. Será el momento de firmar y sólo es necesaria la rúbrica de Puigdemont. El PDeCAT pugna por involucrar a Junqueras, un empeño de momento baldío a pesar de la contundencia retórica del republicano a la hora de prometer no sólo la consulta sino la proclamación de la república. Su compromiso oral es tan absoluto como su alergia a los autógrafos. No quiere restar protagonismo a sus compañeros del ejecutivo, aducen en su entorno.
En la sesión de control de este miércoles en el Parlament, Puigdemont se ha remitido a su discurso de la cuestión de confianza para fijar las responsabilidades en Junqueras. Se mantiene la apariencia de unidad, pero el día a día de la administración catalana es un campo minado con los funcionarios, tanto autonómicos como municipales, al borde del motín por la pretensión de los altos cargos separatistas de utilizarlos como escudos humanos.