El funcionario andaluz Jaime García Díaz, impulsor junto con otros de la Asociación de Defensa de Denunciantes de la Corrupción presentada la semana pasada en Sevilla, reavivó recientemente el caso del cártel del fuego, compuesto de contrataciones y adjudicaciones irregulares de medios para combatir los incendios. Ahora, la instructora del caso ha aceptado su ampliación de la denuncia y ha abierto diligencias extendiendo el caso a la sanidad andaluza y al servicio de urgencias 061.
El impulso de la ampliación de su denuncia consistió en señalar a la instructora María de los Reyes Flores, que, además de los pactos entre empresas que perjudicaban a terceros en medios aéreos contra el fuego, había otro foco de tales prácticas en las adjudicaciones de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Según el funcionario en su denuncia ampliada se contabilizaban, si bien muy someramente, 57 millones de euros en cinco años el dinero público utilizado en unos procedimientos donde aparece una empresa ya investigada en el caso del Cártel del Fuego y, de nuevo, la administración andaluza.
Por tanto, se pedía a la jueza que investigara si en el servicio de urgencias de la sanidad andaluza, especialmente en lo relativo al uso de medios aéreos, los intereses de determinadas empresas aeronáuticas se habían puesto también de acuerdo para ser favorecidas por las adjudicaciones públicas con ayuda de funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía.
Las primeras consecuencias del caso Cártel del Fuego fueron la imputación de funcionarios de la Junta, la dimisión del ya exdirector del Infoca y la imputación de empleados de Faasa, empresa aeronáutica cordobesa que, con otras y desde el año 2001, presuntamente amañaba concursos de helicópteros en Andalucía, pero asimismo en el resto de España, Portugal, Italia y Chile.
La jueza, en providencia del 6 de julio abre diligencias que ordenan que el denunciante sea escuchado en calidad de testigo, atendiendo a la ampliación de denuncia del funcionario y que se elabore un más amplio informe policial para ver si hay indicios de un delito de prevaricación en las contratas de la Junta de Andalucía en emergencias sanitarias.
Ya existe un informe policial en el que se pone de manifiesto que la empresa Inaer Helicópteros pertenece al grupo de empresas sobre las que recae la presunta imputación de fraguar alianzas para acceder a adjudicaciones en medios aéreos antiincendios, si bien reseña que las adjudicaciones sanitarias son diferentes a ésas.
También la magistrada el presunto "acoso laboral" al denunciante y ha admitido la personación de Podemos en el caso, pero ha decidido que debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, dado que el caso Infoca es un caso que afecta a varias comunidades autónomas y está ya presente en la Audiencia Nacional.