Tras el incendio de Moguer y su peligroso acercamiento a los límites del Parque Nacional de Doñana, el antiguo coto está en llamas políticas. Tras las dudas del comportamiento de la Junta durante el mismo, el gobierno andaluz emprendió una actividad de última hora contra el Gobierno de la Nación, vía proyecto Marismas de Gas Natural, que tiene actuaciones en el entorno de Doñana desde hace ¡30 años! Incluso se llegó a deslizar la sospecha de que el fuego de Moguer tuvo su origen en alguna manipulación de la empresa Gas Natural, algo demostradamente falso.
Una de las armas utilizadas fue un supuesto informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que, según la Junta, cargaba contra el Gobierno y Gas Natural. Pero ha sido el propio Consejo el que ha desmentido que el informe esgrimido sea de la institución e incluso subraya que tal informe no representa la posición del Consejo.
En el documento que publica este lunes ABC, el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, dice a José María Egea Krasel, director general de Planificación Energética de Gas Natural Fenosa, que el informe esgrimido por la Junta no es de la autoría del Consejo sino del "sr. Doblas" -en realidad, Miguel de las Doblas Lavigne, José Manuel Cantó Romera y Julio Barea Luchena, doctores en Ciencias Geológicas-, informe catapultado a los medios de comunicación por Greenpeace, entre otras organizaciones.
Es más, Lora Tamayo subraya que el informe es de la responsabilidad del señor Doblas y no tiene nada que ver con el informe del Consejo que ya dijo al Defensor del Pueblo Andaluz que, al carecer de geólogos en la zona, para formarse una opinión sobre los trabajos de Gas Natural debería dirigirse a los expertos del Instituto Geológico y Minero de España.
La Junta, acorralada por sus contradicciones
El proyecto Marismas da continuidad a la actividad que, desde hace 30 años, Gas Natural Fenosa lleva a cabo en el área del Valle del Guadalquivir. Consiste en extraer las reservas adicionales de gas existentes, y una vez agotado el gas, volver a utilizar los yacimientos como almacenes, que es lo que lo que han sido desde hace millones de años, para su distribución vía Enagás en el mercado español.
El proyecto Marismas está dividido en cuatro subproyectos y tiene las bendiciones de las Administraciones, incluida la andaluza, estando situado, en todos ellos, fuera del Parque Nacional de Doñana.
Pero ahora, a pesar de que fue la Junta de Andalucía quien concedió la Autorización Ambiental Unificada a dos fases del proyecto en 2006 y 2010, el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, decidió ampararse en un supuesto informe del CSIC y amenazar al gobierno de la Nación con acudir a los tribunales con el objetivo de detener las obras ya emprendidas con sus propios permisos.
El traspiés de la Junta tiene su origen en la respuesta que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su delegación andaluza, dio al Defensor del Pueblo Andaluz que, el pasado mes de marzo, pidió su parecer sobre la repercusión del proyecto Marismas.
El delegado en Andalucía del CSIC, Manuel Ángel Ferrer Baena, le contestó que la Estación Biológica de Doñana no tenía geólogos y que no podía hacer tal informe, pero acompañó su respuesta con referencias a otros estudios ajenos ya realizados sobre Doñana y el gas.
Uno de ellos era el estudio de hace un año de Miguel de las Doblas y otros dos autores ya citados publicitado por Greenpeace. El consejero de la Junta de Andalucía, José Fiscal, confundió este estudio con un informe oficial y reciente del CSIC y dio paso con ello a su ofensiva contra el gobierno de España para la paralización de los trabajos.