Seguramente hay una atávica relación entre Andalucía y el espectáculo. Pero es bien reciente la consideración de la política como espectáculo. El Sur no puede ser ajeno a esta tendencia que proyectan y amplifican los actuales medios de transmisión de noticias y números. Mientras llega agosto y el gran dinero del turismo, Andalucía asiste a tres números: el de Queipo de Llano y su exhumación de la basílica de la Macarena, el de la quita de la deuda catalana y el susanismo y el de las 35 horas de los funcionarios andaluces.
Ya parecía raro que el tema de Queipo de Llano no llegara a los cerebros de la nueva memoria histórica andaluza. Por fin, ya está encima de la mesa la exhumación del criminal para unos y del patriota para otros, general franquista que se hizo con Sevilla en un abrir y cerrar de ojos tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. El problema es que sus restos están enterrados en la popular basílica de la Macarena y que están custodiados por su Hermandad, la más numerosa e influyente de Sevilla.
El caso es que con la Iglesia hay que topar, que el Ayuntamiento que gobierna el socialista Juan Espadas se ve forzado a intervenir porque hay un acuerdo municipal de PSOE y las izquierdas comunistas de IU y de Podemos y que la Hermandad no dice nada, por ahora. El objetivo es, como es sabido, no dejar a la historia en paz sino tratar de reescribirla de manera partidista más de 80 años después de los hechos. Por tanto, hay que exhumar los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.
El enterramiento del general franquista está en terrenos de la Iglesia, que, a su vez, está siendo presionada, se dice, por "vigilias laicas" de alrededor de 50 personas para lograr sus objetivos. Por otro lado, está la recién aprobada Ley de Memoria Histórica. Por si fuera poco, está la Hermandad y naturalmente, la familia Queipo de Llano.
La situación es tal que el alcalde Espadas puede salir chamuscado por la izquierda si no consigue que la Iglesia, la Hermandad y la familia den su brazo a torcer. Aunque en el número tiene a la clac izquierdista a su favor, el aplauso puede acabar en bastonazos de protesta. La Iglesia se lo está pensando, la familia no dice nada por ahora, la Hermandad tampoco y el análisis del caso puede llevar años, o no.
La quita catalana
Hasta este martes nadie del PSOE andaluz había dicho no pío sobre la pretendida quita a la deuda catalana propuesta por el PSOE sanchista, que luego fue reducida a opinión personal de José Luis Ábalos, el secretario de Organización, tras la reconvención de la portavoz nacional Margarita Robles.
Pero este mismo martes, el PSOE andaluz que manda en la Junta lanzó un mensaje: mientras la quita de dinero de la deuda catalana no quite dinero al resto de las comunidades y no sea un artificio para compensar el beneficio de Cataluña con un recorte a la financiación de las demás comunidades, pues vale.
La pregunta es cómo no va a afectar a los dineros andaluces y a los dineros de todos los españoles si alguien que debe algo al Estado no lo paga porque se le "quita" la obligación de hacerlo. En la trastienda, Andalucía y Valencia pidieron lo mismo hace tiempo y en el fondo, late la cuestión del gasto sin freno de las autonomías y sus reticencias a ser controladas en el tema del déficit y sus deudas.
Por cierto, que el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, es el único que ha dicho en voz alta lo que muchos socialistas y no socialistas piensan. Sin tapujos ha mostrado su inquietud por la negociación de una quita de la deuda de Cataluña y que esa negociación haya sido impulsada por su propio partido, además de otras incluidas en la Declaración de Barcelona. Tampoco sintoniza con la plurinacionalidad de una España que no es "nación de naciones".
Más aún, Escuredo ha expresado su malestar por el silencio socialista sureño en torno a movimientos que van contra el sentido histórico de lo defendido en 1982. Pero, sobre todo, no ha ocultado su malestar porque desde el Gobierno de Andalucía se guarde silencio en torno a estas cuestiones.
35 horas para funcionarios, con Moreno fuera de juego
En este caso, el numerito es del PP andaluz, que ha visto cómo la Junta sacaba adelante su pretensión de que los funcionarios y empleados de la Junta, nada menos que alrededor de 250.000, disfruten de una jornada de 35 horas semanales. Pero, claro, el gobierno de Rajoy ha impugnado la decisión de la Junta interponiendo un recurso sobre la medida en el Tribunal Constitucional porque tal decisión corresponde al gobierno de España. ¿Efecto? Queda tiempo, pero si se interrumpe la aplicación de la reducción de jornada de manera cautelar, ¿qué pasaría con la figura de Juan Manuel Moreno?
Por eso, el ceniciento líder de la cenicienta derecha andaluza, fuera ya de la ilusión centrista de Javier Arenas, prepara una solución de imagen tratando de aparecer como mediador entre la Junta y el gobierno de Mariano Rajoy, vía Cristóbal Montoro, al que pide por favor que no aplique una supuesta suspensión cautelar aunque pudiese hacerlo. Pero no afronta la cuestión de si está de acuerdo o no con el recurso del gobierno.