Los detractores de Ángel María Villar –que han emergido masivamente en las últimas horas– no albergaban un ápice de duda: continuaría en la presidencia de la RFEF en caso de salir en libertad. No habrá opción de testar la predicción, puesto que el juez Santiago Pedraz ha acordado la prisión incondicional para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y su hijo Gorka Villar tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción representada en esta causa por Inmaculada Violán y Esther González. También envía a la cárcel a vicepresidente económico de la RFEF y presidente de la Federación Tinerfeña Juan Padrón y a su secretario en la isla Ramón Ángel Hernández, aunque este último podrá salir si deposita una fianza de 100.000 euros.
Auto de Pedraz
Pedraz acuerda esta medida ante la gravedad de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares- lo que pudiera llevarles a huir de la justicia, "máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen". Así, según el magistrado, se desprende la posibilidad de obstrucción de la investigación en un momento en el que la documentación incautada está pendiente de análisis. El instructor explica en 44 folios los hechos presuntamente delictivos cometidos por los dirigentes de la RFEF "con la voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros".
Villar habría creado un entramado que ha permitido el desvío de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados como la Fundación y la MUPRESFE –Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija–, estableciendo un "clientelismo". Al parecer, la contratación del personal recae en familiares y de suministros y servicios a empresas vinculadas directamente o a través de terceros siempre a cambio de contraprestaciones, "con incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose de sus puestos".
El auto detalla los "excesos en las facultades de administración" por parte de Ángel María Villar y la Junta Directiva por él nombrada. También en relación con la contratación de su hijo Gorka Villar. En su resolución, se centra en los amistosos entre la Selección Española y Corea del Sur, Venezuela o Chile donde la sociedad del vástago "acaba percibiendo cobros de las federaciones".
Jornada de declaración
Villar ha accedido a las 08.15H a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid, donde estaba su abogado Javier Sánchez Junco. Llegaba en un vehículo policial desde los calabozos de Las Rozas (Madrid), donde ha pernoctado desde su detención. Le han seguido su hijo Gorka, Juan Padrón –representado por Esteban Mestre, el letrado de Ignacio González– y Ramón Hernández, los otros tres arrestados que han dormido en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. Sorprendía la posterior presencia de Miguel Ángel Galán. El presidente de CENAFE –Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol–, que perdió unas elecciones a la RFEF contra Villar, se ha personado en la causa como acusación: "Me gustaría que dimitiera. Espero que sea inicio de una transición democrática, con elecciones limpias, no como las que acaban de pasar, con irregularidades en voto por correo, con escuchas UCO se demuestra que ha habido compra de favores".
Al término de la comparecencia de Gorka, Ángel María Villar se ha sentado ante el magistrado y las fiscales. El exfutbolista, también vicepresidente de la FIFA, ha respondido preguntas durante dos horas. Según fuentes presentes en el interrogatorio, le han preguntado por todas las líneas de investigación.
Operación Soule
La Guardia Civil comunicó en sus primeras conclusiones que Villar, en sus 28 años como presidente de la RFEF, "pudo haber impulsado la celebración de partidos amistosos entre la Selección Española y otras, consiguiendo de esta manera contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo, especialista en derecho deportivo". Los agentes de la UCO dibujan una trama donde el vicepresidente económico habría desviado el patrimonio de la federación a sociedades suyas y de otros imputados, obteniendo un beneficio ilícito y causando perjuicio al organismo.
La denuncia que puso en marcha las indagaciones se remonta a principios del año 2016. El Consejo Superior de Deportes, presidido entonces por Miguel Cardenal, alertó de transacciones sospechosas entre la RFEF y Santa Mónica Sports. Este grupo empresarial liderado hasta su fallecimiento hace dos años por Jesús Samper –exsecretario general de la Liga de Fútbol Profesional y expresidente del Real Murcia– comercializó los derechos audiovisuales y los patrocinios de la selección española de fútbol. Al parecer, acumuló una deuda de 24 millones de euros con la RFEF. Lejos de reclamar el dinero, Villar habría abonado una indemnización injustificada de 10 millones de euros al holding por la resolución del contrato que había suscrito seis años antes.
Los investigadores apuntan de Juan Padrón y su secretario Ramón Hernández que tejieron una operativa dedicada a la apropiación continuada de fondos de la Federación Tinerfeña de Fútbol. En otras palabras, que saquearon el dinero del fútbol de la isla. También hacen referencia a una trama de reventa de entradas en partidos de la Selección y de clubes; boletos no sujetos a control de precio. En cualquier caso, la instrucción permanece bajo secreto.
Comisiones millonarias a Gorka Villar
Gorka Villar constituyó en 2010 Sport Advisers, empresa cuyo objeto social es la consultoría y asesoría jurídica en Derecho deportivo internacional. Pese a que no existe constancia de empleados en la plantilla, ingresó 3.63 millones de euros entre 2011 y 2015. Ni en sus cuentas ni en su página web precisa a qué empresas u organismos ha prestado servicios. Según los informes de la UCO, Ángel María Villar habría organizado amistosos de la Selección para que su hijo se encargara de la gestión con el consiguiente beneficio para ambos.
Ha trascendido en relación con Gorka Villar que la CONMEBOL –el equivalente de la UEFA en Sudamérica– ha denunciado el desvío de 17 millones durante el período en el que ostentó la secretaría general.
La Operación Soule arroja también novedades en el seno de la RFEF. Según una auditoría que encargó el Consejo Superior de Deportes, la Federación habría inflado sus cuentas en más de 50 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014. Al parecer, el organismo presidido por Ángel Villar maquilló los apartados correspondientes a "gastos por desplazamientos, cesiones de derechos de publicidad, televisión o patrocinios", presentando alteraciones.