El consejero de Presidencia catalán, Jordi Turull, ha presumido de haber impedido el acceso de la Guardia Civil al interior del Palacio de la Generalidad. Los agentes pretendían obtener información sobre las actividades de Germà Gordó en torno al cobro de comisiones del 3% y portaban una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según la versión de la Generalidad, Turull, en abierta rebeldía, habría ordenado a los mossos que hacen guardia en el edificio que no dejaran entrar a los agentes, que han esperado en las cocheras a que un funcionario les proporcionara la información que iban a buscar.
Turull podría haber incurrido en el delito de obstrucción a la justicia al negar el paso a una comisión judicial en el interior del "Palau", pero su actitud respondería a la "lógica" de la insurrección institucional y la desobediencia frente a las resoluciones judiciales. El consejero, nombrado a raíz de la purga de los "dudosos", habría cumplido a la perfección con el guión de la hoja de ruta separatista. Sus órdenes podrían haber causado un grave altercado y muestran a las claras que el separatismo no descarta el enfrentamiento físico, al menos de cara la galería.
Ha sido la propia Generalidad la que se ha jactado de que Turull no ha dejado entrar a los cinco agentes de paisano del Instituto Armado. Los guardias requerían una información que el Gobierno regional se ha negado a aportar en varias ocasiones aduciendo que las agendas de Gordó cuando fue secretario del ejecutivo, entre 2011 y 2013, se habían perdido. También se negaron a entregar los libros de visita del Palau, una documentación que sí habrían aportado en esta ocasión. La orden judicial no implicaba la práctica de ningún registro.
En cambio, fuentes de la investigación han desmentido que los cinco agentes hayan sido conminados a esperar fuera de las dependencias institucionales. La Guardia Civil y el fiscal Grinda habrían desarrollado sin problemas la orden judicial de recopilar datos sobre Germà Gordó tanto en la Generalidad, como en el "Parlament" y la consejería de Justicia. Según la versión de estos informantes, Turull habría querido dar la impresión de que se plantaba ante la Guardia Civil, cosa que no habría ocurrido.
Sin problemas en el Parlament
Los agentes de la Guardia Civil no han tenido los mismos problemas en el Parlamento catalán, la consejería de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, donde funcionarios y altos cargos se han mostrado colaborativos.
El separatismo catalán no sólo tiene abierto el frente del referéndum. El sistema generalizado de cobro de comisiones a cambio de obra pública, el tres por ciento que habría financiado durante años a Convergencia, ha propiciado la operación policial.
Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo dirigen las pesquisas de los agentes, de paisano, del Instituto Armado en calidad de policía judicial. Requieren datos sobre las actividades de Germà Gordó, exgerente de CDC, exconsejero de Justicia y ahora diputado no adscrito una vez el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitiera abrir una investigación sobre quien fuera uno de los hombres de máxima confianza de Artur Mas.
El TSJC se resistió en varias ocasiones a las peticiones de la fiscalía y el juzgado de El Vendrell, que instruye el complejo sumario de las comisiones convergentes a cambio de obras y servicios tanto en la Generalidad como en ayuntamientos controlados por los nacionalistas, de abrir una investigación sobre Gordó, a quien diversa documentación y los testimonios de varios empresarios sitúan en el centro de la trama como el hombre designado por Mas para coordinar los cobros.
Requisitorias del TSJC
Fiscales y guardias civiles han esgrimido requisitorias del TSJC para acceder al Parlament. En la cámara han sido acompañados por el jefe de seguridad del recinto. La normalidad ha sido la nota dominante de la intervención. Grinda, por ejemplo, se ha tomado un café en el bar del parlamento. Los agentes, entretanto, procedían al volcado del ordenador del diputado Gordó y registraban su despacho.
En la Generalidad han solicitado el libro de visitas, en tanto que Gordó también fue secretario del ejecutivo catalán con despacho en el Palau. Parecida información ha sido la demandada por la Guardia Civil en la consejería de Justicia, en la actualidad a cargo del republicano Carles Mundó, y en el Centro de Telecomunicaciones.
El PDeCAT expulsó a Gordó del partido y Junts pel Sí le exigió el acta de diputado, a lo que Gordó se negó para mantener su condición de aforado para que su investigación correspondiera al TSJC, que es quien ha autorizado la intervención judicial en las citadas instalaciones en busca de evidencias y documentación del 3% en el marco del caso Petrum.
El hecho de que la operación esté relacionada con la corrupción dificulta la hiperventilación separatista. La semana pasada, que dos agentes de paisano entregaran una orden en el denominado Teatre Nacional de Catalunya del titular del juzgado número 13 en relación a los contratos de alquiler del local para la presentación de la "ley del referéndum" provocó una airada y escandalizada respuesta de los nacionalistas, que se llegaron a referir al episodio como una suerte de 23-F. Por el momento, los principales dirigentes del frente separatista guardan silencio.
La operación se produce en un momento de abierta rebeldía en el plano retórico del separatismo, con Junqueras, Mas, Jordi Turull en plena campaña por el referéndum (Mas participó este miércoles en un acto en Andorra) y con gruesas descalificaciones contra el sistema judicial ante la hipótesis de que el Tribunal de Cuentas obliga a Mas, Irene Rigau y Joana Ortega a hacer frente al coste del 9-N, cifrado en cinco millones de euros. Junqueras insinuó la posibilidad de montar una colecta popular y aseguró que las multas no detendrán la independencia de Cataluña.