Reciben presiones, están acusados de romper la cohesión social y tienen incluso a todo el ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) en su contra. Así viven las familias que han tenido que recurrir a los tribunales para que el Colegio Público Josep Guinovart imparta al menos un 25% de las clases en castellano, un porcentaje que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en enero de 2014.
Cristina es la mamá de dos niños que estudian en este colegio. No es su verdadero nombre, omitido en este caso para evitar posibles represalias. Cristina decidió unirse a otros padres interesados en plantear a la dirección del centro escolar un aumento de las clases en castellano. Por aquel entonces, sus hijos estaban recibiendo 19 horas lectivas en catalán, tres en castellano y otras tres en inglés a la semana. El colegio rechazó la propuesta.
Unos 90 padres decidieron entonces presentar al centro un plan de estudios trilingüe, que también fue rechazado. De aquel casi centenar de progenitores, unos 38 decidieron seguir adelante con su reivindicación y acudieron a la Generalidad. El resultado fue igualmente infructuoso porque, tal y como explica Cristina, la Generalidad "sistemáticamente deniega todas las peticiones de incremento de horas de castellano".
El siguiente paso, respaldado en este caso por 19 familias, fue acudir a los tribunales donde finalmente les dieron la razón: "Tenemos concedidas doce medidas cautelares para el aumento de estas horas de castellano a la semana hasta llegar al 25% obligatorio que en la práctica supone dar tres horas más de castellano a la semana".
La dirección del colegio no tuvo más remedio que aplicar la sentencia judicial, pero las familias acabaron siendo señaladas y presionadas por el resto de padres. "Te meten en un calvario. Hay que prepararse psicológicamente para pasar por esto, porque hay gente que te deja de hablar, en los grupos de Whatsapp de las clases aparecen comentarios, presiones, indirectas o padres que te dicen: ¡Qué egoístas sois pidiendo esto!", explica Cristina.
Las consecuencias llegaron a los alumnos cuando la dirección del centro escolar decidió separar a los niños en dos clases. Cristina explica que desde el colegio aluden a "criterios pedagógicos, pero es mucha casualidad que todos los niños que han hecho peticiones de incremento de horas de castellano están en un grupo y en el otro no haya ninguno".
En una de esas clases para alumnos que no desean el sistema de inmersión lingüística se encuentran los hijos de Laura (también nombre ficticio). Ella asegura que "el modelo de inmersión en el que estamos conviviendo es un modelo que anula el castellano, algo que no permite la ley y por eso, los tribunales nos dan la razón" y añade que en su entorno incluso les han llegado a acusar de estar "manipulados políticamente".
El caso llegó hasta el Ayuntamiento de Castelldefels, gobernado por el PSC, ERC y MOVEM, a los que se sumaron CSPOT y PDeCAT para presentar una moción en la que se animó al colegio a incumplir la sentencia y acusó a los padres de romper la convivencia. La decisión resulta "inquietante" para Cristina. Laura asegura que se trata de una "actitud irresponsable, porque las mismas leyes que han sentado a esos regidores en un pleno y les han dado autoridad para dirigir los asuntos de los ciudadanos, son las que establecen un marco en las normas de educación" y "las leyes no se compran por partes", añade.
Cristina afirma que se siente muy sorprendida cuando escucha a los dirigentes políticos liderados por el PSC hablar de "acoso judicial" o de una intromisión de los tribunales en la educación, especialmente cuando se están saltando el hecho de que "la Generalidad, los profesores y los directores de los centros educativos se están saltando la ley".
El Ayuntamiento les ha acusado de romper la convivencia, algo que Laura rechaza frontalmente: "El conflicto no es deseado por nadie y esta es una medida totalmente defensiva". Acusa a la regidora de Educación de hacer demagogia con el caso y recuerda: "No deseamos una educación a la carta, lo que deseamos es que se cumpla la ley".
Debido a la tensa situación que están viviendo estas 19 familias, muchos de ellas se han llegado a plantear un cambio de colegio, una decisión que Cristina también llegó a barajar aunque finalmente acabó descartando: "Ya basta de que no podamos ejercer nuestros derechos porque hay gente enfrente que se cree con más derecho que nosotros sin tener ninguna base legal. Y si nos vamos a otro colegio, va a pasar lo mismo otra vez. Ya nos hemos cansado."
Laura incluso afronta la situación como una oportunidad de dar ejemplo a sus hijos: "Los peques tienen que ver que los derechos están ahí y en ocasiones los ciudadanos tenemos que defenderlos incluso frente a las propias instituciones, sea la Generalidad o el Ayuntamiento, y cuando toca luchar, hay que hacerlo con calma, seguridad y fe".