Respuesta en tiempo récord. En menos de 24 horas desde que recibió la solicitud, el Consejo de Estado ha remitido al Gobierno su dictamen sobre la reforma aprobada este miércoles en el Parlamento catalán para tramitar por la vía urgente las leyes de desconexión. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, el supremo órgano consultivo entiende que existen fundamentos jurídicos para trasladar dicho reglamento modificado al Tribunal Constitucional mediante un recurso que suspenda inmediatamente su validez.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha elaborado el informe en una reunión que se ha extendido desde primera hora hasta cerca de las 15 horas. Sus componentes han aprobado por unanimidad un dictamen cuyo principal argumento se asienta en la existencia de fundamentos jurídicos para interponer un recurso de inconstitucionalidad por la modificación del artículo 135.2 del Reglamento del Parlamento catalán. Ese precepto permite la tramitación exprés de esa votación separatista del 1 de octubre anunciada como referéndum "sin ningún tipo de debate y sin la posibilidad de presentar enmiendas".
El informe señala que no se reconoce a la minoría parlamentaria el derecho a presentar enmiendas y se les priva de toda participación en la decisión de iniciar el trámite de lectura única. Por ello, considera que "priva a la minoría de la garantía de algún instrumento de participación en el procedimiento de lectura única distinto de su mera intervención en el debate de totalidad".
"Tal circunstancia -subraya el texto- puede suponer una vulneración del derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad ex artículo 23.2 de la Constitución y 29 del Estatuto de Autonomía de Cataluña".
El Consejo de Estado está actualmente presidido por José Manuel Romay Beccaría, ministro de Sanidad y Consumo con José María Aznar. Otros componentes del órgano son la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón o el exjefe de la Casa del Rey Alberto Aza, además de reputados juristas. Son miembros natos que pueden asistir todos los expresidentes del Gobierno.
Este texto obra ya en manos de Mariano Rajoy y servirá de base para determinar un posible recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en otros momentos candentes del desafío rupturista. En uno de los más parecidos, la consulta ilegal del 9N de 2014, el Consejo de Estado se opuso por unanimidad a la celebración al entender que una parte del Estado no puede decidir sobre la estructura del resto y que solo el Gobierno está autorizado para convocar un referéndum.