Junts pel Sí y la CUP siguen dando pasos adelante. Si el miércoles aprobaban la reforma del reglamento para poder aprobar la ley del referéndum por la vía de urgencia, este viernes han aprobado el Código Tributario de Cataluña, una norma que forma parte de las denominadas leyes de desconexión junto a la de la seguridad social catalana (ya redactada y que se aprobará entre agosto y septiembre) y la de transitoriedad jurídica.
Esta ley de la hacienda catalana también ha sido objetada por el Consejo de Garantías Estatutarias por su carácter inconstitucional, lo que no ha supuesto mayor impedimento para el grupo del gobierno y los antisistemas de la CUP. En la misma sesión se han ventilado también los tres primeros libros del Código Tributario, capítulos relativos a la Agencia Tributaria de Cataluña, el Consejo Fiscal, la Junta de Tributos, el Instituto de Estudios Tributarios y el de Investigación Fiscal. Según los impulsores del redactado, la ley es el texto base del sistema impositivo del futuro Estado catalán.
La nueva norma ha sido elaborada en ponencia, igual que la ley sobre la seguridad social, a diferencia de lo que ocurrió con la ley del referéndum, ya presentada y a la espera de su aprobación a partir del 16 de agosto, y la de transitoriedad jurídica, que regula el traspaso de poderes entre estados, el reparto de infraestructuras y bienes y qué ciudadanos tendrán derecho a la nacionalidad catalana, entre otros aspectos.
Recurso contra la reforma
A falta de 65 días para el 1 de octubre, fecha fijada por el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para la celebración del referéndum de autodeterminación, PDeCAT y ERC exhiben la reforma del reglamento y ahora la ley de la hacienda catalana como evidencias de su disposición a no retroceder. La presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional contra el cambio de reglas en la elaboración y aprobación de leyes suspenderá el reglamento nacionalista, pero no parece que la maniobra del Gobierno haya impresionado mucho a los partidos separatistas. Tampoco ha tenido el más leve efecto el duro comunicado de Fomento del Trabajo, la patronal catalana, contra el "golpe de Estado jurídico" implícito en leyes como las descritas.
A gusto de la CUP
La diputada de la CUP Eulàlia Reguant se ha felicitado por la nueva ley, ya que cumple con todas las disposiciones exigidas por los antisistema en materia de personal de los nuevos servicios, censo de contribuyentes y "autodeterminación" fiscal. Maria Senserrich, la diputada de Junts pel Sí que ha defendido la ley destacó que su aprobación es fruto del cumplimiento del "mandato" de las pasadas elecciones autonómicas.
Autógrafos de todos
La sesión parlamentaria ha servido además para que Puigdemont, Junqueras y todos los diputados del grupo de Junts pel Sí firmen la ley del referéndum que se presentará el próximo lunes en el registro del Parlament. Será el último día hábil hasta el 16 de agosto. A partir de ese fecha, los dos grupos parlamentarios separatistas dispondrán de un margen de dos semanas para aprobar la ley del referéndum por la vía de urgencia y el procedimiento abreviado. Después se deberá elaborar el decreto de convocatoria del referéndum.
El hecho de que todos los diputados firmaran la proposición de ley ha sido muy celebrado en el hemiciclo catalán, dadas las reticencias de algunos consejeros a dejar su autógrafo en los papeles alusivos al referéndum.