Ignacio González seguirá en la cárcel. Manuel García-Castellón, el juez que ha sustituido a Eloy Velasco en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición de libertad que había formulado la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid. Mantiene la medida de prisión incondicional –comunicada y sin fianza– acordada el pasado 21 de abril por presuntos delitos como cabecilla de la denominada Operación Lezo.
El exdirigente del Partido Popular alegaba una variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida. Según el auto de García-Castellón, conforme avanza la investigación, se desprende que Ignacio González ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos investigados –malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales–.
Las graves penas aparejadas a estos ilícitos ya justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero el instructor añade otras circunstancias para confirmar la prisión. Manuel García-Castellón entiende que no han variado las circunstancias que motivaron la medida, sino todo lo contrario: "asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación".
Existe también riesgo de fuga. Es evidente con "una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita –así consta en las actuaciones y ha sido reconocido en las diferentes declaraciones– patentiza el riesgo de fuga".
El instructor valora además riesgo de acceso a las fuentes de pruebas. Cree que las diligencias que se están practicando en el juzgado, declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación, requieren el secreto para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, máxime en este caso en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar a esas fuentes de prueba. "El avance de la investigación de una forma rápida y ágil pasa necesariamente por mantener la medida adoptada, no siendo éste el momento procesal para variarla".
Operación Lezo
Los investigadores creen que Ignacio González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid. El ex consejero delgado de ICM José Martínez Nicolás está entre los detenidos y ha quedado en libertad con la condición de pagar una fianza de 100.000 euros.
Velasco también le imputa el cobro de varias presuntas comisiones, entre ellas una de 1,4 millones de OHL y otras por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en los terrenos del Canal de Chamberí, adjudicada a Dragados. Además, el juez le ha preguntado por un asunto clave de la operación: la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013. Según el juez, fue "hipervalorada ficticiamente" y se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" (23 millones de euros) a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad". Por último, le imputa el manejo habitual de dinero en efectivo y la elaboración de facturas falsas.
Por otro lado, habría utilizado a su anciano padre para blanquear dinero a través de sus cuentas.