El titular del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha desmentido a la Generalidad. Los interrogatorios a altos cargos de la administración autonómica la pasada semana en la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona fueron ordenados por él en el curso de las investigaciones sobre las declaraciones en las que el exmagistrado y exsenador de ERC, Santi Vidal, afirmaba que la Generalidad disponía de una partida oculta de cuarenta millones para el referéndum y la desconexión y que todos los catalanes estaban "fichados" por el gobierno autonómico, que había obtenido de manera ilegal, se jactaba Vidal, los datos fiscales de todos los ciudadanos.
El hilo de esas revelaciones ha llevado al juez a dictar diligencias relacionadas con la presentación de la ley del referéndum, así como sobre la elaboración de un censo de residentes en el extranjero y la página web del "Pacte Nacional pel Referèndum", una iniciativa "cívica" en teoría privada, pero que ha sido montada por altos cargos de la Generalidad y pagada con fondos públicos.
La contratación del dominio y el control de los contenidos de la web centraron muchas de las preguntas de los agentes al director de Comunicación de Puigdemont, Jaume Clotet, y al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, investigados por sedición, entre otros delitos. También prestó declaración en calidad de testigo el presidente del citado "Pacte", el exdirigente socialista Joan Ignasi Elena, y media docena de altos cargos más.
La versión falsa de Turull
El portavoz de la Generalidad, Jordi Turull, aseguró que la Guardia Civil actuaba sin mandato judicial, por su cuenta y riesgo y con el "ánimo de atemorizar" al personal de confianza de las consejerías. Turull cargó las tintas contra el Instituto Armado durante un par de días hasta que finalmente anunció una denuncia contra la Guardia Civil extensible al juez y a los funcionarios judiciales que presentó a través de Twitter. El letrado de la Generalidad sostenía en la querella que se habían vulnerado los más elementales derechos de interrogados e investigados y que los agentes habían llegado a utilizado un "lenguaje grosero" e incluso "amenazante".
La escalada verbal de consejeros y diputados separatistas degeneró en una convocatoria de la CUP para manifestarse contra la Guardia Civil delante de la comandancia. Una contramanifestación organizada en las redes sociales en favor de la Benemérita sorprendió a los cuperos, que despejaron la zona en veinte minutos.
El sustento de la denuncia se basaba en que las diligencias se habían realizado al margen del conducto reglamentario y sin conocimiento del juez, quien ha negado por completo esa versión. Siempre ha tenido conocimiento previo de las pesquisas de los agentes, que han observado un escrupuloso cumplimiento de sus funciones como policía judicial, ha comunicado a través de la agencia Efe.
"Manifiesta improcedencia"
Dadas las circunstancias, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pedirá el archivo de la denuncia del Govern, que además podría haber incurrido en prevaricación al ordenar a sus servicios jurídicos asistencia a investigados por supuestos delitos contra la propia administración. Según la Fiscalía, la denuncia constituye una "manifiesta improcedencia".
El juez del 13 asumió el caso Vidal en marzo, tras las "confesiones" del citado en un acto con militantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Las revelaciones sobre ocultación de partidas de dinero público y otros detalles sobre el papel del jurista Carles Viver Pi-Sunyer en el diseño de la desconexión indujeron que se abriera una investigación contra el propio Vidal, el secretario de Hacienda de la Generalidad, Lluís Salvadó, y el citado Viver, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional entre 1992 y 2001.
El TSJC tiene abierta otra investigación por el frustrado concurso para comprar urnas que afecta a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y al secretario del departamento, Francesc Esteve, que nada más resultar investigado fue nombrado por Puigdemont jefe de los servicios jurídicos de la Generalidad. Ambos asuntos podrían acabar unificados en el TSJC, por lo que el juez Ramírez Sunyer trabaja en coordinación con los fiscales del Tribunal Superior.