El Tribunal Constitucional (TC) no será un escollo insalvable para convocar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, según los estrategas de la desconexión, grupo en el que juega un papel muy relevante Carles Viver Pi-Sunyer, quien fuera vicepresidente del TC entre 1992 y 2001.
La previsión es que el Gobierno recurra la ley del referéndum en cuanto sea cursada por la Mesa del Parlamento catalán, previsiblemente el 16 de agosto, fecha en la que se reemprenderá la actividad de la cámara regional. La admisión del recurso en el TC suspenderá cautelarmente la dicha ley del referéndum hasta que los magistrados resuelvan sobre la idoneidad de una norma que se erige en excepcional y suprema por encima del Estatut y la Constitución.
Según el Gobierno, eso debería bastar para que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras desistan del propósito de convocar el referéndum a todas luces ilegal, pero la intención del bloque separatista es desobedecer al TC. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha detallado en la emisora de La Vanguardia las fórmulas "jurídicas" de las que se valdrá el gobierno catalán para llevar a cabo el referéndum. Como primera providencia, ha explicado, se apelará al derecho internacional. Según este consejero, el "principio democrático" reconoce la posibilidad de celebrar una consulta y el "derecho de excepción" avala su convocatoria porque "el Govern ha intentado de buena fe pactar el referéndum con el Estado".
De este modo, el ejecutivo autonómico "no desobedecerá al Tribunal Constitucional sino que obedecerá una ley aprobada por el parlamento de Cataluña, legítimo y democrático, y la pondremos en práctica", dice Rull. La propia norma sobre el referéndum también apela al derecho internacional en su prólogo, donde se afirma que tal legalidad refiere el derecho de autodeterminación como el primer derecho fundamental y que se han dado casos de nuevos estados "sin que el ejercicio del derecho a decidir viniera motivado por el fin del imperialismo".