El frente separatista activará este miércoles la teórica última fase del procés. La reunión de la Mesa del Parlament convocada para las diez de la mañana por la presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, abrirá el curso político. A 46 días del 1 de octubre, el órgano rector del hemiciclo no incluye en su orden del día la ley del referéndum, por lo que crecen las posibilidades de que la norma -que se erige en ley suprema por encima de la Constitución en una suerte de estado de excepción para celebrar la consulta- se tramite a propuesta del ejecutivo que encabezan el convergente Carles Puigdemont y el republicano Oriol Junqueras.
La pretensión de los dos grupos parlamentarios separatistas es eludir las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), pero con matices. La CUP quiere hacer ostentación del desacato, mientras que el PDeCAT y ERC debaten cómo estirar la goma sin dar oportunidad inmediata a que el Gobierno presente recurso al TC contra la ley del referéndum. De momento, la norma está en la nevera, registrada en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP, pero la suspensión cautelar de la reforma del reglamento de la cámara impide que una ley presentada por los grupos políticas pueda cursarse por la vía urgente de lectura única, posibilidad sólo al alcance del gobierno autonómico en el actual marco legal.
Huella impresa de la norma
La coalición entre convergentes y republicanos aspira a retrasar al máximo la colisión con el Estado, por lo que contempla la posibilidad de que sea el Govern quien presente la ley en el próximo pleno, fijado en principio para los días 6 y 7 de septiembre. Esa maniobra permitiría publicar en el boletín de la cámara y en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la aprobación de la norma -huella impresa del referéndum que el Gobierno quisiera evitar- antes de que el Gobierno tuviera tiempo material de recurrir al TC.
El Govern aspira a agrupar en un máximo de 48 horas la entrada en vigor de la ley y el decreto de convocatoria del 1-O para que la suspensión del TC se produzca a posteriori. Aducen razones de "legitimidad democrática" para sustentar la estrategia dilatoria y el atajo parlamentario. Sea como fuere, los plazos se deben ajustar a un calendario en el que el 15 de septiembre tiene que comenzar la campaña electoral del referéndum.
Campaña de imagen
Este miércoles se reúnen también el Gobierno en Consejo de Ministros extraordinario y el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados están llamados a resolver a media tarde un recurso de súplica del gobierno catalán y la propia cámara autonómica sobre el reglamento del Parlament. No es previsible que la Mesa presidida por Forcadell mueva ficha este miércoles, toda vez que el Consejo de Ministros podría activar la réplica tras aprobar el laudo sobre la huelga del personal de seguridad de la empresa Eulen en el aeropuerto de El Prat una vez controlada la situación por la Guardia Civil.
En la guerra de nervios entre Gobierno y Generalidad el aeropuerto de El Prat se ha convertido en inopinado escenario. La intervención del Instituto Armado se ha convertido en una campaña de imagen del Gobierno en una situación que los partidos separatistas habían aprovechado intensivamente para ilustrar la inoperancia del Estado en Cataluña y reforzar la teoría del agravio.