Un doble atentado terrorista en Las Ramblas de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona). Quince personas muertas y más de un centenar de heridos. Una célula yihadista compuesta por una docena de miembros muy jóvenes y comandada por un imán. España ha vivido su propia pesadilla yihadista desde el pasado jueves, cuando las continuas amenazas islamistas sobre nuestro país cristalizaron en una de las principales arterias de la Ciudad Condal.
Una vez la amenaza ha sido neutralizada con la captura muerto de Younes Abouyaaqoub, el autor material del atropello múltiple en Barcelona y único miembro de la célula que quedaba en libertad, y mientras los cuatro terroristas detenidos con vida están sido interrogados en las instalaciones de la Audiencia Nacional -otros seis fueron abatidos por los Mossos y dos murieron en la explosión fortuita del miércoles- toca analizar los puntos oscuros de la gestión de los atentados.
El piso franco de Alcanar
La casa de Alcanar, una pequeña localidad de diez mil habitantes de Tarragona, es el punto clave. Fue ocupada ilegalmente por la célula terrorista durante al menos seis meses sin que la propiedad ni la inmobiliaria que gestionaba el inmueble denunciasen nada. Tampoco llamó la atención de los expertos en la lucha contra el yihadismo de Mossos d´Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil o CNI. Tuvieron total libertad para planificar sus maquiavélicos planes.
Allí estuvieron almacenando bombonas de butano -más de un centenar- para llevar a cabo un gran atentado terrorista y además consiguieron desarrollar TATP o peróxido de acetona, un potente explosivo conocido coloquialmente como "la madre de Satán" y que es empleado por células yihadistas gracias a los manuales que Estado Islámico ha publicado en los últimos años. Se fabrica con materiales de uso doméstico como acetona, agua oxigenada y ácido sulfúrico, entre otros.
El TATP es altamente sensible y volátil y es fácil que durante su manipulación, incluso por expertos en química, puedan ocurrir accidentes. Y éso es lo que pasó en la noche del pasado miércoles. Los terroristas estaban manipulando el explosivo cuando estalló y la vivienda se vino abajo. Los agentes de la Policía catalana restaron importancia al incidente y dieron por hecho que se trataba primero, de una explosión de gas fortuita, después, de una especie de laboratorio de drogas.
El edificio se derrumbó sobre sí mismo y no aparecieron cascotes a gran distancia. Había hojas del Corán dispersas entre los restos y bombonas de butano manipuladas. Cualquier experto TEDAX habría dado la alarma, pero los Mossos no relacionaron la explosión con el yihadismo hasta después del primer atentado. Tampoco permitieron que los expertos de la Guardia Civil analizasen los restos del edificio pese a que cursaron una solicitud. No permitieron una segunda opinión mucho más formada y experta que la suya. El TATP tenía unas connotaciones agregadas muy relevantes.
La explosión en la vivienda hizo que el resto de la célula islamista tuviera que improvisar nuevos atentados de manera inmediata al haber quedado al descubierto por la explosión. Entre la explosión de la vivienda y el atentado de Las Ramblas pasaron unas 18 horas. Un tiempo más que suficiente para que los yihadistas pudieran reorganizarse. Entre el inicio de la segunda inspección ocular -en la que se negó la entrada a la Guardia Civil- de los Mossos y el primer atentado, casi siete horas.
De haberse acertado en la primera revisión de la casa con la existencia de TATP se podría haber tenido una oportunidad para intentar detener a la célula antes de que cometiesen el primer atentado. De haberse observado en la segunda revisión, los agentes habrían tenido un pequeño margen de maniobra. Es muy probable, todo hay que decirlo, que no se hubiera tenido éxito y los islamistas hubieran podido atentar de todas las maneras.
Exclusión de Guardia Civil y Policía Nacional
Precisamente, el vacío que los Mossos d´Esquadra han hecho a los expertos de Policía Nacional y Guardia Civil es otro de los puntos oscuros de la gestión de los atentados. Pese a que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, han hablado en todo momento de que ha habido una perfecta colaboración, en ninguno de los dos cuerpos estatales están de acuerdo con esas valoraciones.
El trasvase de datos en tiempo real a las Fuerzas de Seguridad del Estado fue una quimera, siempre llegó a cuentagotas y, en varias ocasiones, conocieron antes datos importantes a través de los medios de comunicación que por la policía catalana. Y es que todo había empezado ya mal desde el veto la mañana de los atentados terroristas a los expertos del Instituto Armado en los escombros de la vivienda de Alcanar.
Las primeras quejas llegaron a través de los sindicatos policiales el día siguiente del doble atentado. Ya entonces desde la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de Policía (SIPEPOL) se denunció que no se estaban facilitando datos y se criticó que se estuviera dejando a las fuerzas estatales al margen. Los días siguientes se fueron uniendo a las críticas otros sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que también estaban molestas porque no se haya reconocido, por ejemplo, la actuación del Instituto Armado en Ripoll, donde facilitaron algunos arrestos y fueron los encargados de cercar el municipio.
Este mismo martes, el SUP y AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) han emitido un comunicado conjunto en el que "denuncian la exclusión y aislamiento sufrido por ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado sufrido en Barcelona el pasado jueves", a la vez que critican al Gobierno central por permitir que haya sucedido y a la Generalidad de Cataluña por llevarlo a cabo.
"Una vez más, la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos de nuestro país, ha provocado que la experiencia, y la estructura a nivel nacional presentes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil en el ámbito de la lucha antiterrorista, haya sido marginada de forma dolosa en la investigación, con un único objetivo: el de transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un estado catalán "autosuficiente", instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública, asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudieran derivarse", aseguran en el comunicado.
Esta denuncia coincide con el último movimiento en el Parlamento catalán. Su presidenta, Carme Forcadell, ha anunciado en las últimas horas que se concederá la Medalla de Honor del Parlamento, en categoría de oro, a los Mossos d’Esquadra, a las policías locales de Barcelona y Cambrils y a los servicios de emergencia catalanes. Ni una sola mención a Guardia Civil y Policía Nacional.
El imán de Ripoll
Otro de los puntos oscuros ha sido la figura del imán de Ripoll: Abdelbaki Es Satty. Llegó hace unos dos años a Ripoll y consiguió colocarse como imán de la comunidad de Annour -tras un intento frustrado de ser imán en una de las zonas más radicales de Bélgica, en Machelen-, un pequeño oratorio que complementa al principal centro de rezo musulmán de la localidad, donde el 5 por ciento de su población (unas 500 personas) profesan la religión de Alá.
Su nombramiento no fue comunicado a la Generalidad de Cataluña, algo obligatorio en la región, y escapó al control tanto de los Mossos d´Esquadra, pero también de Policía y Guardia Civil, que tienen bajo control a 21 imanes de la comunidad por su radicalismo. Ahora se cree que seguía la doctrina salafista, una corriente del islam suní que aboga por un lectura literal del Corán y por la vuelta de los musulmanes a la supuesta fe originaria. De esta tesis extremista serían actualmente el 30 por ciento de los centros de rezo en Cataluña, según datos de la policía catalana.
Lo llamativo es que el nombre de este imán aparece por primera vez relacionado con el terrorismo yihadista en 2006, al ser discípulo de uno de los principales detenidos en la operación Chacal I, que la Policía Nacional llevó a cabo en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) contra una célula que captaba musulmanes para enviarlos a combatir a Irak. Después estuvo en prisión cuatro años por tráfico de drogas y allí, según han publicado en algunos medios, mantuvo contacto con presos por yihadismo.
A su salida de la cárcel tenía pendiente una orden de expulsión que nunca llegó a cumplirse. Es Satty presentó dos recursos invocando la protección del derecho internacional para no ser expulsado y un juzgado de Castellón, la provincia donde había cumplido su pena de prisión, le dio la razón en 2015, permitiéndole continuar en España.
Los testimonios en el pueblo dicen que en público el imán jamás predicó algo fuera de tono, jamás dio muestras de radicalismo alguno, aunque su actitud no era la misma en privado. Alguno de los fieles de su mezquita reconoce que le hizo comentarios extremistas, como que no debía escuchar música instrumental por es "haram" (prohibido por la religión).
Lo que preocupa ahora a las Fuerzas de Seguridad, según fuentes consultadas, es cómo el imán llevó a cabo el proceso de radicalización de los jóvenes de Ripoll, que se salen del estereotipo y eran jóvenes con estudios, de clase media, perfectamente integrados e, incluso, algunos de ellos tenían trabajos muy bien remunerados. Lo hizo cara a cara, a la vieja usanza, dejando de lado internet y reuniéndose con ellos en furgonetas o pisos.