A falta de 33 días para el 1 de octubre, los partidos separatistas han presentado la "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república", texto que erigen en "constitución provisional" para los seis meses posteriores a la victoria del "sí" en el referéndum y con el que tratan de tapar el escándalo de la manifestación del pasado sábado en Barcelona. Una derrota independentista casi ni se contempla, pero la presentación de la ley sirve también a los nacionalistas para advertir a los contrarios al referéndum de que se aplicará el resultado aunque haya una abultada abstención.
La proposición de ley, que presenta múltiples vacíos de índole técnica, aspira a regular un traspaso de poderes ordenado, prevé la incautación de todos los bienes del Estado, la absorción de los funcionarios de la administración central en los departamentos de la nueva república, la expulsión del Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la amnistía para los cuatro inhabilitados a causa del anterior referéndum (Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega), la constitución de un nuevo poder judicial sobre la base del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y magistrados designados por el 'Parlament', y proclama para redondear su exposición de motivos que "hay que reiterar la voluntad de Cataluña, ahora ya en calidad de Estado soberano e independiente, de vehicular la sucesión de manera negociada y pactada con las instituciones españolas, europeas e internacionales".
Doble nacionalidad
Serán catalanes los españoles censados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016 y los extranjeros con cinco años de residencia. La nacionalidad catalana, conceden en la norma, será compatible con una doble nacionalidad, incluida la española. Así, la Generalidad se compromete a "promover, en el menor tiempo posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad". En materia de lenguas, regirán las leyes autonómicas actuales.
Soberanía y plataforma continental
También concreta la proposición la plena soberanía sobre el espacio terrestre, marítimo y aéreo de la actual comunidad autónoma y se apostilla que "Cataluña disfruta de los derechos de soberanía y de los demás reconocidos por el derecho internacional en lo que respecta a su plataforma continental y su zona económica exclusiva".
La Constitución, ley ordinaria
La Constitución y el Estatuto de Autonomía no quedan abolidos de facto, sino que "pasan a tener rango de leyes ordinarias cuando no se hayan incorporado en esta Ley y siempre que no la contravengan". Tras semejante sutileza jurídica se matiza que "la aplicación de las normas estatales se entiende referida a su contenido en la entrada en vigor de la presente Ley y no a sus modificaciones posteriores".
También se detalla que "la administración de la Generalidad, que incluye todas las administraciones de Cataluña, sucede a la administración del Estado español en el territorio de Cataluña, así como con relación a los ciudadanos de Cataluña que residan fuera de este territorio".
Tras certificar la integración de los funcionarios públicos del Estado en la Generalidad se apunta que "será necesaria la posesión de la nacionalidad catalana en aquellos puestos de trabajo que impliquen el ejercicio del poder público y la salvaguarda de intereses generales".
Otro de los artículos de la ley de "sucesión" insiste en que "el Estado catalán sucede al español y se mantiene en la posición de la Generalidad de Cataluña en la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña".
Estados de emergencia y desabastecimiento
Los legisladores separatistas no pasan por alto que la situación podría convertirse en caótica por lo que prevén el "estado de emergencia" y escriben que "se podrán establecer por ley los deberes de las personas para los casos de emergencia pública debida a catástrofes naturales, crisis sanitarias, paralización de los servicios esenciales de la comunidad, desabastecimiento de productos de primera necesidad y accidentes de gran magnitud".
Con la nueva república será impensable una huelga como la del personal de seguridad del aeropuerto de El Prat y en caso de guerra comercial con España, las autoridades catalanas podrán actuar al modo bolivariano, apropiándose de bienes y productos de primera necesidad para su "redistribución". "Cuando se den las circunstancias excepcionales previstas en la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Ley, las instituciones homólogas de la Generalidad pueden declarar, en los mismos términos y condiciones, los estados de emergencia previstos en la normativa referida", avisan.
Puigdemont, jefe provisional del Estado
Carles Puigdemont será el jefe del Estado hasta la celebración de las elecciones para la asamblea constituyente. Los consejeros gozarán de plena inmunidad. A falta de ley electoral propia, la norma insiste en la creación de una sindicatura electoral que sería la autoridad suprema en la materia, tanto en el referéndum como en las posteriores elecciones. La Generalidad asume también la agencia tributaria, el cobro de impuesto, el control de fronteras, la autoridad catastral.
En cuanto al mantenimiento de Cataluña en la Unión Europea, la ley tan sólo dice que se mantendrán las leyes y tratados comunitarios. La presión de la CUP, que quiere una república fuera de la UE, ha impedido que el PDeCAT y ERC ofrecieran "garantías" al respecto. Los dirigentes separatistas no han aclarado tampoco cómo piensan aprobar primero la ley del referéndum y luego la "fundacional".