Suspense. El referéndum catalán podría convocarse este miércoles, el jueves o incluso el viernes. Los dos grupos separatistas han registrado la petición de un pleno extraordinario que se llevará a cabo el viernes, tras el ordinario. En el guión original, el 6 de septiembre era la fecha escogida por el frente separatista para aprobar la ley del referéndum y firmar el decreto de convocatoria, pasos que serían inmediatamente anunciados en el "BOE" catalán antes, aunque fuera por cuestión de minutos, del recurso del Gobierno y la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, que este miércoles se reúne en pleno ordinario.
Sin embargo, Junts pel Sí y la CUP han decidido estirar la goma, jugar con la incertidumbre, recalcar que el Gobierno actúa a remolque de sus movimientos. El separatismo amenaza con una "respuesta masiva" al Tribunal de Cuentas, que ha citado el próximo 25 de septiembre a Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau, Joana Ortega y siete altos cargos que aprobaron partidas de gasto para el referéndum del 9-N de 2014. A seis días del 1 de octubre, deberán abonar una fianza provisional de más de cinco millones de euros por si el Tribunal determina que aquella consulta se llevó a cabo con fondos públicos.
La cita ha provocado una desaforada reacción del presidente y el vicepresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, quienes tras reunirse con Mas y los presidentes de las entidades soberanistas Òmnium y "Asamblea Nacional Catalana", han montado una rueda de prensa urgente para denunciar que el Estado "vulnera sus propias leyes" y "utiliza las instituciones" en una "estrategia desesperada por activar el miedo ante lo inevitable, el referéndum". Puigdemont no se anduvo con rodeos y garantizó el "apoyo total" del Govern a los afectados por la citación y fianza del Tribunal de Cuentas. También aseguró que la ciudadanía "responderá de manera democrática, cívica, serena y masiva contra el Estado".
"Fábrica del miedo"
Según su teoría, el Gobierno ha activado al Tribunal de Cuentas y ampliado el número de afectados por malversación de caudales públicos para amedrentar a los altos cargos y funcionarios de la Generalidad y los ayuntamientos catalanes a 25 días del referéndum de autodeterminación: "Con esa decisión, el estado español ha dado un salto cualitativo en su estrategia desesperada de activar el miedo a lo que es inevitable. Ha decidido aumentar sus amenazas a los ciudadanos que queremos votar justo en un semana clave", declaró Puigdemont. También abundó en acusar al Estado de haberse saltado los procedimientos, de interpretar de forma sesgada las leyes y de "atacar derechos fundamentales".
El presidente de la Generalidad resumió la supuesta estrategia del Gobierno como un "ataque a todos los ciudadanos que quieren votar, pero no hay alternativa al referéndum, nada lo detendrá y ya no es una cuestión de independencia, sino de democracia frente a un Estado antidemocrático". También afirmó que el Tribunal de Cuentas "está al servicio de la fábrica del miedo, lo que es una señal de impotencia".
Interpretación sesgada de las leyes
Por su parte, Oriol Junqueras insistió en la interpretación sesgada de las leyes del Gobierno, en el "abuso" de las instituciones del Estado y en que convocar y celebrar un referéndum no es delito. "El Gobierno, en su intento de impedir que los ciudadanos de Cataluña puedan votar, se está saltando todas las normas básicas de la democracia que deberían caracterizar a cualquier estado occidental", afirmó para preguntarse después: "¿Qué garantía tienen los demócratas españoles de que el Gobierno no actuará también contra ellos?".
Poco antes de la rueda de prensa, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP registraron la petición en el Parlament de la celebración de un pleno extraordinario para el 8 de septiembre al objeto de "valorar la actualidad política". Como es obvio, el pleno se llevará a cabo dado que ambos grupos suman mayoría absoluta. Preguntado al respecto, el president se parapetó en la separación de poderes para afirmar que el ejecutivo catalán está preparado para firmar el decreto de convocatoria en cuanto la cámara aprueba la ley del referéndum. Instado a concretar sobre el día en que se producirá tal trámite, Puigdemont afirmó que "en cualquier caso será esta semana".
"Todas las vías abiertas"
Los grupos separatistas alegan que "hay que tener todas las vías abiertas". La CUP añade que no sólo se aprobará la ley del referéndum, sino también la de "transitoriedad jurídica y fundacional de la república". Sin embargo, dista de estar claro si se abordarán en el pleno ordinario o si se estirará la goma hasta el extraordinario, pórtico de la Diada, para marear al Gobierno y al Tribunal Constitucional, que este miércoles tiene agendado un pleno ordinario que en teoría iba a servir para suspender de inmediato las disposiciones separatistas en el Parlament y el decreto de convocatoria del Gobierno catalán.
Se pondera la opción de retrasar la aprobación de las normas al viernes al efecto de descuadrar la réplica del Gobierno, monopolizar el foco informativo y calentar más la manifestación del "Onze de Setembre".
El frente separatista apura los tiempos en una estrategia que pretende obtener una respuesta aún más contundente del Estado. La resolución del Tribunal de Cuentas no constaba en el guión esperado por la Generalidad, que retrasaba los requerimientos de información del ente fiscalizador de los recursos públicos en la confianza de dilatar la duración del expediente. La citación del Tribunal de Cuentas servirá al PDeCAT para rescatar la figura de Artur Mas. Se desconoce, de momento, el dinero recaudado por Òmnium y la asamblea catalana para hacer frente a la fianza. Nada más irrumpir en escena el Tribunal de Cuentas, las entidades separatistas y los convergentes anunciaron la creación de una caja de resistencia para abonar las multas y fianzas de los inhabilitados e investigados.