El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de ex altos cargos del Gobierno catalán, entre ellos el expresidente Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por los gastos realizados durante la consulta del 9-N.
Según fuentes de los implicados en la investigación del 9-N, entre los citados están también los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.
Además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin a otros siete exaltos cargos. Se trata, según varios medios, del ex secretario general de la Presidencia de la Generalidad Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.
Fuentes de los implicados han señalado que el 25 de septiembre se les comunicará la cuantía de la fianza y cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable. No obstante, estas fuentes han dado por supuesto que diversas organizaciones separatistas organizarán colectas para hacer frente a esa fianza, por lo que creen que no tendrán que hacer frente a embargos ni hacer frente a la cuantía con su patrimonio personal.
Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
"Una semana histórica"
Poco después de que se filtrara la noticia, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han comparecido de urgencia para enmarcar la citación en la "estrategia desesperada" del "Estado español" de "fomentar el miedo" para tratar de "evitar lo inevitable", en alusión al referéndum del 1 de octubre.
El presidente catalán ha acusado al Gobierno, entre otras cosas, de "atacar derechos fundamentales en democracia" en un "acto de incautación del patrimonio de esas personas". Además, ha aprovechado para confirmar lo que era un secreto a voces, que el referéndum será convocado esta misma semana: "Es una semana decisiva e histórica. Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos los ciudadanos a votar".
Junqueras ha hablado luego para proclamar que "convocar un referéndum no es delito". Según el vicepresidente catalán, el Ejecutivo del PP "se salta todas las normas de la democracia" en un intento de impedir la consulta. Y ha apelado a "los demócratas españoles", avisándoles de que los populares "están retorciendo la ley" con este "abuso".