Tres asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– han lanzado un comunicado conjunto en el que avisan al Gobierno de la Generalidad de que su obligación "será no aplicar ninguna de esas normas, así como ninguna disposición o resolución administrativa que derive de ellas".
Las tres asociaciones señalan que, en caso de aprobarse las dos propuestas de ley –la del referéndum y la de transitoriedad–, "serán impugnadas de forma inmediata por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional" y, por tanto, "su eficacia quedará automáticamente suspendida". "Sinceramente –añaden–, nunca creímos que la historia pondría a prueba el valor de nuestro compromiso, pero llegado el momento, que nadie dude de nuestra inquebrantable fidelidad a la Constitución".
Por su parte, otras tres asociaciones de fiscales –la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales– señalan que "el principio de legalidad y la correlativa sujeción de los poderes públicos a la ley es lo que define a un Estado Democrático de Derecho" y que "los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional de un Estado como el español, ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines".
"Como ciudadanos esperamos cordura, sensatez y soluciones políticas, pero también respeto a las leyes y a los principios democráticos. Como fiscales, asumimos con convicción y responsabilidad el desempeño de las funciones que legal y constitucionalmente tenemos atribuidas", concluyen.