El próximo diecinueve de septiembre, apenas doce días antes del 1-O, el pleno del Congreso debatirá una Proposición no de Ley presentada por Ciudadanos con el objeto de respaldar al Gobierno, a los jueces y a los funcionarios en su labor frente al desafío secesionista. Será una ocasión propicia, según ha asegurado este martes el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, para que "cada cual se retrate".
Los dirigentes naranja llevan días reprochando a Pablo Iglesias su "equidistancia" y que "permita este golpe a la democracia" como llegó a asegurar la semana pasada Albert Rivera, después de los plenos del Parlamento de Cataluña que aprobaron las llamadas leyes de desconexión.
El último ejemplo de los vaivenes del líder de Podemos se ha vivido esta misma mañana en la radio catalana RAC1. Si este lunes Pablo Iglesias proclamaba "¡visca Catalunya lliure i sobirana!" –lema tradicional de los separatistas–, este martes aseguraba que "una Cataluña libre y soberana es una que libremente decida su futuro y su relación jurídica con Europa y con el conjunto del Estado". A juicio del líder morado no se puede identificar esta frase solo con el independentismo: "La libertad y la soberanía son para decidir, no en una dirección concreta. Quien identifica la libertad y la soberanía con su legítima posición política se olvida que la soberanía es decidir".
Lo que dice la proposición
La proposición de Ciudadanos comienza asegurando, en la exposición de motivos, que "la ciudadanía española y, muy particularmente, la catalana, está hastiada de la situación de grave crisis institucional a la cual les ha arrastrado el Govern durante los últimos años". El texto afirma, además, que "la respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime".
Lo que se someterá a la votación del pleno del Congreso son cuatro puntos por los que la cámara manifiesta su apoyo al Gobierno, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía "en defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión" e igualmente expresa su respaldo a los funcionarios del Estado e insta al Gobierno a impedir la utilización de recursos públicos destinados a la "promoción, preparación y ejecución" del 1-O. Por último, el texto también hace un reconocimiento explícito "a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho".