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El Constitucional suspende también la Ley de Transitoriedad catalana

Con la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana quieren consumar la ruptura de Cataluña del resto de España.

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Sede del Tribunal Constitucional | Archivo

Mismo desafío, mismo procedimiento. Los doce magistrados del Tribunal Constitucional, reunidos entre las 10H y las 13.20H, han admitido a trámite por unanimidad los recursos que interpuso el Gobierno central contra la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica; primero, y contra Ley del Código Tributario con la que el Gobierno de Carles Puigdemont pretende crear una suerte de Hacienda propia, después.

De acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución, la admisión a trámite de un recurso presentado por el Gobierno provoca la suspensión automática de la disposición recurrida, de forma que las normativas no podrían aplicarse. Carme Forcadell y los miembros de la Mesa recibieron personalmente en todos los pulsos anteriores la prohibición con el típico apercibimiento. En su recurso contra la Ley de Transitoriedad Jurídica, la Abogacía del Estado habla de "aberración jurídica" y de "la mayor afrenta y amenaza a la destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en el año 1978".

Claves de la ley de ruptura

La Ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana. En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que "no contradigan" la ley catalana de transitoriedad jurídica y se podrían recuperar todas aquellas normas catalanas que ya haya suspendido el Tribunal Constitucional y volverles a dar rango legal.

Contempla igualmente que el presidente de la Generalidad sea automáticamente jefe del Estado y que Cataluña asuma el control de las fronteras y aduanas, además de expulsar al Ejercito hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio.

Con respecto a los empleados públicos del Estado que prestan servicios en Cataluña se integrarán automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, manteniendo sueldo y condiciones.

Prevé también que tendrá la nacionalidad catalana quien tenga la española y esté empadronado en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Además, todo catalán mantendría la nacionalidad española, aunque puede pedir renunciar a ella.

Respecto a la Justicia, la ley de ruptura crea un ordenamiento jurídico aunque manteniendo las plazas de los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados. Uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del TC por Sala de Garantías y del TS por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además, el presidente del Supremo catalán será nombrado por el Gobierno catalán y el fiscal general por el Parlamento de Cataluña.

Igualmente, la norma contempla la amnistía a condenados por el proceso soberanista y que la Generalidad sea la única autoridad tributaria en Cataluña.

Pasividad del Gobierno

"De perfil bajo" llaman de forma eufemística a la respuesta que el Gobierno, con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza de este asunto, plantea ante el desafío separatista en Cataluña. Una actitud pasiva, inmóvil, que desemboca una y otra vez en el Tribunal Constitucional. Los magistrados que componen el Pleno interpretaron la reforma de su Ley Orgánica ‒aprobada en octubre de 2015‒ como si el Ejecutivo de Mariano Rajoy empleara su mayoría absoluta para rehuir el compromiso. Facultó a los defensores de la Carta Magna con tres medidas "para forzar al cumplimiento de sus mandatos": la apertura de la vía penal a través de la Fiscalía, multas de hasta 30.000 euros y la suspensión de funciones a los cargos públicos desobedientes.

Lejos de colmar los deseos del Gobierno, el Constitucional ha calcado hasta ahora el "perfil bajo". Ni siquiera el anterior magistrado presidente Francisco Pérez de los Cobos, que militó en su día en el Partido Popular, comulgó con el plan del Ejecutivo. De hecho, deslizó en su discurso de despedida que problemas como proceso separatista catalán "no pueden ser resueltos" por este órgano. Consideró "urgente, inexcusable" hacer un llamamiento político.

Estas situaciones se han reproducido con asiduidad desde aquella consulta del 9N de 2014 suspendida cinco días antes por el Tribunal Constitucional. Ocurrió en términos similares cuando el TC anuló el acuerdo de 27 de julio de 2016 con el que el Parlamento de Cataluña proclamó el inicio del "proceso de desconexión con España" y cuando los grupos de Juntos por el Sí y la CUP aprobaron otra resolución que recogía en su Título I sobre "El futuro político de Cataluña" los "Referéndum" y "Proceso Constituyente".

Las últimas visitas al Constitucional se han producido con motivo de la reforma del Reglamento del Parlamento catalán que allanaba la tramitación de leyes por el procedimiento de lectura única y con la Ley de convocatoria y preparativos del 1-O. Como siempre, los magistrados suspendieron cautelarmente su validez al admitir a trámite el recurso de la Abogacía del Estado e incluyeron un sutil apercibimiento: recordar a los máximos dirigentes del separatismo "su deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa del tipo, aunque siempre con el mismo caso omiso.

Si el Partido Popular no está por la labor de aplicar el artículo 155 de la Constitución para controlar el órdago rupturista en Cataluña, el Tribunal Constitucional tampoco está decidido a colocarse en punta de lanza.

Lo cierto es que dos de los juristas del Constitucional se opusieron a la reforma de la Ley Orgánica que regula el órgano y que les confirió poder para forzar al cumplimiento de sus mandatos. Además, buena parte de sus componentes son reacios a encabezar la respuesta contra el separatismo. Sin embargo, entre los siete magistrados que conforman el sector conservador del Tribunal ha tomado fuerza la idea de inhabilitar a los máximos exponentes de la desobediencia. Ese escenario rompería la unanimidad habitual en las decisiones del Constitucional y todos prefieren que sea la Fiscalía quien impulse la vía penal contra el Gobierno catalán –no en vano, existe una querella por desobediencia, prevaricación y malversación tramitada en el Superior de Justicia–

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