El vicepresidente del Gobierno de la Generalidad, Oriol Junqueras, ha respondido a la intervención de las cuentas de la administración autonómica con una amenaza directa a las entidades financieras. Ha anunciado en rueda de prensa tras el consejo del ejecutivo catalán que enviará un requerimiento por la "vía administrativa" y con "registro notarial" para notificarles "las buenas relaciones y prácticas llevadas a cabo hasta ahora". También instó a los responsables de los bancos a no hacer caso de las instrucciones del Ministerio de Hacienda, publicadas en el BOE, sobre el control del efectivo que el Estado transfiere cada mes a la Generalidad, en torno a unos 1.400 millones de euros para hacer frente a todos sus gastos, desde los servicios sociales al pago de la nómina de los 170.000 funcionarios y empleados públicos autonómicos.
Precisamente, Hacienda ha reclamado a la consejería de Economía que dirige Junqueras el listado de los funcionarios para poder abonarles la nómina de este mes de septiembre. El vicepresidente se ha negado a contestar a la pregunta de si enviará la lista. "Nosotros vamos a actuar como hasta ahora y como siempre, y vamos a cumplir con nuestras obligaciones porque tenemos recursos", afirmó Junqueras, que se negó a aceptar que el Gobierno pudiera tener el control de las cuentas públicas regionales.
La "jurisprudencia" propia
En su opinión, la aceptación por el Tribunal Supremo del recurso presentado por la Generalidad suspende cautelarmente la medida, cosa que contrasta con la literalidad de la notificación del alto tribunal en la que se afirma que la admisión a trámite "no implica la suspensión" de las medidas adoptadas por el Gobierno. Según Junqueras, "hay jurisprudencia", una jurisprudencia que fija en las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspenden la ley del referéndum, el decreto de convocatoria y la ley de transitoriedad. Así pues, el decreto de Hacienda queda en suspenso, según Junqueras.
En un tono áspero insistió en exigir a los bancos que desobedezcan las instrucciones del Gobierno y dijo que "las buenas prácticas bancarias en Europa no toleran estos casos". "Las cuentas son nuestras, están a nombre del Govern y es ilegal lo que plantea el Estado", remachó.
Respecto al registro de una nave de la empresa Unipost (que ya participó en el 9-N) en el que se han hallado tarjetas censales para enviar a los componentes de las mesas del 1-O, el vicepresidente Junqueras afirmó que "ante la acción represiva del Estado aplicaremos soluciones democráticas". El 1-O, según la Generalidad, se celebrará a pesar de la presión judicial.