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Nuevo varapalo judicial a Carmena: deberá restablecer los antidisturbios de la policía municipal

CSIF va a pedir la ejecución provisional de la sentencia, con lo que se volvería al momento anterior a la disolución de este cuerpo especial.  

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Manuela Carmena | EFE

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha anulado, a instancias de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la resolución del 6 de abril de 2016 del Ayuntamiento de Madrid, en virtud de la cual se modificó la relación de puestos de trabajo de la Policía Municipal y que significó la desaparición de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los conocidos como antidisturbios.

Las UCS de la Policía Municipal de Madrid estaban especializadas en el mantenimiento general de la seguridad ciudadana, aseguramiento de espacios públicos, control de masas, graves catástrofes públicas y situación de alerta policial.

El Consistorio modificó unilateralmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía sin seguir "el procedimiento sobre negociación colectiva, con cita del sindicato actor [CSIF] y a todas las organizaciones sindicales que procedan". Así, CSIF, sindicato mayoritario de Policía Local a nivel nacional, va a pedir la ejecución provisional de la sentencia para volver al momento anterior a la disolución de esta unidad de antidisturbios, con independencia de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurran esta resolución.

Esta sentencia va un paso más allá de las dos dictadas por sendos juzgados de lo Contencioso-Administrativo (los números 12 y 18 de Madrid) el pasado mes de junio, que, también a instancias de CSIF, anularon las resoluciones por las que se desmantelaron las UCS. Esta última sentencia anula la modificación de la RPT efectuada por el Ayuntamiento, lo que obligaría a rehabilitar las unidades desmanteladas y a devolver a los agentes a dichas unidades.

Y es que las otras dos sentencias anulaban las órdenes a los agentes de incorporarse a unidades de distrito por ser nulas, pero no reconocían el derecho a volver a una unidad desaparecida. Ahora, con la sentencia del juzgado número 9 de lo Contencioso-Administrativo, la desaparición de las UCS es un acto nulo, lo que deja la puerta abierta a pedir la reincorporación de los agentes, según explica el sindicato.

La vulneración de esta exigencia lleva consigo, señala el magistrado, a la "ineficacia" de la RPT acordada de manera unilateral por el Consistorio. Así, para fundamentar su decisión, la sentencia cita el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y varias sentencias del Tribunal Supremo, una de las cuales, de noviembre de 2011, señala que "resulta claro que la creación de unos nuevos puestos de trabajo, aun por provisionales que pudieren ser, con base en el amparo de dicha potestad autoorganizativa del Ayuntamiento (...), con la correspondiente asignación de cometidos y fijación de niveles retributivos, son decisiones sujetas a la exigencia de negociación colectiva".

Restricción de derechos y pérdida retributiva

Desde que se anunció la decisión de desmantelar las UCS, a principios de 2016, CSIF mostró su total oposición, ya que suprimía o restringía derechos reconocidos a los 135 trabajadores afectados, y significaba una pérdida retributiva que rondaba los 340 euros al mes por agente. Este sindicato sostuvo en todo momento que estos trabajadores no podían ser obligados a abandonar sus plazas sin la pertinente negociación con los sindicatos de la RPT, la cual fue modificada de manera encubierta.

El desmantelamiento de estas unidades fue objetivo prioritario de Ahora Madrid desde que llegó al Palacio de Cibeles. Y así fue: un total de 300 agentes pasaron a formar parte en su mayoría de la plantilla de los distritos. Tras la puesta en marcha del Plan Director del Cuerpo, el año pasado, se creó la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS), que solo en una parte venía a sustituir la labor de las UCS.

La supresión de estas unidades provocó un gran malestar en el seno de la Policía Municipal de la capital. Hasta el punto de que se llevaron a cabo manifestaciones de protesta; una de ellas acabó con el escrache al concejal de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que llamó después "fascistas" a algunos de estos agentes. El sindicato CPPM le denunció por un delito de injurias graves. Finalmente la causa fue archivada.

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