"Injerencia inaceptable". El consejero de Interior de la Generalidad, Joaquim Forn, no está dispuesto a aceptar semejante "humillación". Y el "major" de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, le secunda. La instrucción fiscal en la que se determina que los Mossos deberán cumplir órdenes del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador de todo el operativo policial contra el referéndum separatista, no será cumplida. De momento y según y cómo. Forn ha afirmado en una enérgica comparecencia que "los Mossos no renunciarán a ejercer sus competencias con lealtad al pueblo de Cataluña".
Trapero, por su parte, ha enviado una circular en la que informa a sus agentes de que seguirán actuando a las órdenes de jueces y fiscales, "lo que en ningún caso supone la intervención de los Mossos por parte del Estado". En la confusa nota interna, Trapero trata de combinar el acatamiento de la legalidad vigente con la rebeldía. Sostiene que el cuerpo autonómico siempre ha mostrado un "respeto escrupuloso" por los órganos judiciales, se reafirma en ese "compromiso", a la vez que insiste en el control autonómico de la "seguridad y el orden público". Su anterior circular a los mandos y agentes apelaba a la "mesura" y "proporcionalidad" en el cumplimiento de las instrucciones fiscales. La última aún es más vaga.
El "informe" de los Mossos
Trapero se ha mostrado renuente a colaborar en las reuniones convocadas por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, con los mandos policiales de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona. El pasado jueves compareció en la penúltima "cumbre" policial en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJC) con un informe sobre las intervenciones realizadas por los Mossos en relación al referéndum. Mostraba una cuarentena de atestados sobre requisas de material propagandístico en la calle.
Esa misma mañana, a primera hora, una secretaria judicial y un grupo de agentes de la Guardia Civil habían corrido el riesgo de ser linchados por una turba separatista. El juez que ordenó las diligencias y detenciones de los altos cargos de la Generalidad que organizaban el 1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del 13 de Instrucción de Barcelona, tuvo que pedir a gritos a Trapero que hiciera el favor de enviar a agentes de los Mossos a proteger a los miembros de la Guardia Civil atrapados en la consejería de Economía desde hacía 24 horas.
En una primera llamada telefónica, Trapero le soltó al juez, según La Vanguardia, que colgaba y le llamaba él porque no reconocía el teléfono desde el que estaba recibiendo tales instrucciones. En la devolución, escuchó el chorreo del magistrado y, apunta el diario barcelonés, le reprochó el tono de voz y sostuvo que ya había dado instrucciones para proteger a los agentes del Instituto Armado.
En el cordón que "facilitó" la salida de la Guardia Civil había tantos mossos como voluntarios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), identificados con chalecos reflectantes. La secretaria judicial salió por una azotea y los agentes fueron empujados, regados con alcohol, escupidos, amenazados y vejados.
En el cementerio de Montjuich
Tres vehículos de la Guardia Civil habían sido inutilizados, saqueados y destrozados en las horas previas. Sobre la capota de un coche de la Benemérita arengaron a los concentrados el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Un periodista de TV3 conectó en directo en la misma vista privilegiada sobre la multitud. Parte del material robado, con documentación personal de los agentes, fue "recuperada" por los Mossos en el cementerio de Montjuich.
A esa reunión se presentó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a la sazón número tres del Ministerio de Interior. Trapero se quedó de piedra cuando vio al coronel y más aún cuando Romero de Tejada anunciaba su intención de depositar en el mando de la Benemérita la coordinación de todas las policías operantes en Cataluña para impedir el referéndum.
Las excusas de Trapero
La perplejidad cambió de lado cuando Trapero defendió que los Mossos estaban cumpliendo a rajatabla las instrucciones de la Fiscalía y que si no practicaban más diligencias era porque la "investigación" sobre el referéndum la había emprendido la Guardia Civil y ellos se acababan de sumar. Los participantes en la reunión asistían atónitos a la intervención del jefe de los Mossos, aún impresionados por la actitud contemplativa de los Mossos pocas horas antes.
El fiscal emplazó a los asistentes a otra reunión que se ha verificado este sábado. La acumulación de datos sobre la pasividad de los Mossos (agentes y mandos del resto de cuerpos policiales hablan de "complicidad" con los manifestantes) provocó la nueva instrucción de la Fiscalía Superior que la Generalidad se resiste a cumplir. En el camino se habían registrado acciones de acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barcelona, Reus y Manresa, entre otras ciudades.
Al encuentro de este sábado Trapero ha acudido con un argumentario separatista que aducía que debía ser la Junta de Seguridad de Cataluña y no la Fiscalía quien dirimiera la dirección del operativo contra el referéndum y la "política policial". La Generalidad niega que el Estado controle a los Mossos y el jefe Trapero da a entender que seguirá "cumpliendo" las órdenes de jueces y fiscales, pero que no acatan órdenes procedentes de otros cuerpos.
El "Govern" añade al choque con el "Gobierno" la insumisión de los Mossos. La estrategia de la consejería de Interior es la de entorpecer el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las "objeciones" de Trapero responden al estricto cumplimiento de las consignas de Junqueras y Puigdemont. Los Mossos son la "policía integral" y en ningún caso van a impedir ninguna ilegalidad del "pueblo de Cataluña", "sujeto colectivo" al que dicen rendir pleitesía. En ningún caso aceptarán órdenes de un coronel de la Guardia Civil, sostienen en la Generalidad. Todavía controlan el orden público y las calles en Cataluña.