El pulso al Estado de Derecho y a las instituciones que el bloque rupturista mantiene en Cataluña se ha trasladado a Madrid. Ferrán Bel, alcalde de Tortosa y aforado como diputado en el Congreso, estaba citado este lunes para comparecer como investigado en la Fiscalía General del Estado. Es uno de los 712 regidores que firmaron un compromiso de cesión de locales de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre. El separatismo afincado en Madrid ha reproducido su paseíllo habitual; con la tradicional salida del centro cultural Blanquerna y, esta vez, con llegada a la sede del Ministerio Público.
No han faltado miembros del PDeCAT –antes Convergencia–, ERC, En Común Podemos, En Marea, Compromiso, PNV y EH-Bildu. Esa es la fotografía del separatismo en Madrid. Más allá del despliegue, en lo puramente judicial, Bel se han negado a declarar. Pese a que el alcalde de Tortosa había presumido de acudir voluntariamente –de lo contrario, se hubiera tramitado un suplicatorio al Congreso y, en última instancia, la detención– se ha acogido a su derecho de guardar silencio en un interrogatorio de cinco minutos.
Según ha explicado, Bel ha aportado una copia del decreto de alcaldía que firmó como muestra de apoyo al referéndum. Entiende que "en ningún caso" habla de la cesión de espacios. Aunque figura como investigado por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, el alcalde de Tortosa no cambiará de parecer y mantiene el apoyo al 1 de octubre.