Para la Justicia es evidente que la Generalidad y sus cómplices consumaron, con todas sus carencias, el referéndum del 1 de octubre ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Más allá de resultados y repercusiones políticas, la jornada electoral provocó el domingo una avalancha de diligencias abiertas en los juzgados de España, impulsados en algunos casos por ciudadanos y en otros por la Fiscalía o los cuerpos y fuerzas de seguridad. En el foco, miembros del bloque rupturista e instigadores de manifestaciones violentas. También existen denuncias contra la Guardia Civil y la Policía y la Fiscalía estudia la conducta de los Mossos y maneja informes sobre los altercados.
Constaban abiertas a última hora del domingo una batería de diligencias en los juzgados de Guardia de Cataluña. Se registraron, por ejemplo, en Barcelona, contra los Mossos por inactividad en colegios abiertos para votar y contra la Guardia Civil y la Policía Nacional por lesiones. En El Vendrel y Granollers, se tramitan denuncias ciudadanas contra la Generalidad por el uso de sus datos, contra los Mossos por no evitar la apertura de los centros y dos denuncias por votaciones ilegales.
El Juzgado de Instrucción nº2 de Seo de Urgel ha abierto diligencias por desobediencia a las medidas acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo hace en el marco de la querella presentada por Fiscalía contra el Gobierno catalán (que indicaba en auto dictado el viernes 29 de septiembre que se debía "impedir hasta el 1 de octubre la utilización de los locales o edificios públicos –o aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del referéndum" y "requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado de dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan") al permitirse la votación.
Trabaja en idénticas diligencias el Juzgado de Instrucción nº4 de Lérida. El Juzgado de Instrucción nº7 de Sardañola del Vallés cursa tres denuncias de particulares contra Mossos por inactividad en un colegio abierto para votar; igual que en Santa Coloma de Gramanet y en El Prat.
Sedición y rebelión
La realidad acontecida en las últimas horas acerca clamorosamente a los máximos representantes del separatismo catalán a los tipos penales relacionados con la ruptura del Estado:
El incumplimiento de las resoluciones del Constitucional acarrea un delito de desobediencia, tal y como recoge el artículo 410 del Código Penal. Tras la reforma del tribunal de garantías impulsada por el Partido Popular, está entre sus capacidades imponer multas y suspender en sus funciones a autoridades y empleados públicos.
Delito de sedición. De acuerdo con el artículo 548 del Código Penal, se dirige hacia quienes se alcen públicamente para impedir la aplicación de las leyes. Si es una autoridad política quien comete la sedición o sublevación, como en este caso, se enfrentaría a una pena de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación. Consideran los expertos de la Fiscalía que la justicia sancionaría este delito en caso de que se produzca un alzamiento de un sector de la población a cargo de los responsables políticos. En un peldaño inferior se encuentra el delito de conspiración, castigado con, al menos, dos años y medio de cárcel. En cualquier caso no eludirían el ingreso en prisión.
Delito de rebelión. Atendiendo al artículo 572 del Código Penal, es un acto de rebelión "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La pena tipificada oscila entre diez y quince años de prisión e inhabilitación absoluta. Se pondrían en relieve también el delito de usurpación de atribuciones por la consulta popular convocada por el Gobierno autonómico de Mas sin tener competencia para ello y el delito de ultrajes a España, ambos contemplados por la Ley.
Procedimientos contra la Generalidad
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga al bloque rupturista del Parlamento autonómico por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años de cárcel, inhabilitación y fianzas millonarias. En un escenario similar, después de la votación del 9 de noviembre de 2014, el despliegue quedó reducido a leves condenas de inahilitación sobre Artur Mas, Francesc Homs y las entonces consejeras Joana Ortega e Irene Rigau.
El mismo Tribunal Superior de Justicia tramita una querella por los mismos delitos contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia AMI Neus Lloveras y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios ACM Miquel Buch. Por su parte, el Juzgado de Instrucción nº13 investiga la gestación de las estructuras de un hipotético Estado independiente.
Las acciones más contundentes se desarrollan en la Audiencia Nacional, donde la juez Carmen Lamela investiga un presunto delito de sedición en relación a los disturbios del pasado 20 de septiembre, cuando manifestantes impidieron el normal desarrollo de los registros en las consejería catalana de Economía y Hacienda y atacaron coches de la Guardia Civil. Sobrevuelan los nombres de Òmnium y la ANC como responsables primeros de los hechos.
La Fiscalía, por su parte, continúa la toma de declaración a los más de 700 alcaldes investigados por su compromiso con la cesión de locales para el 1-O.