Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado maltratados, forzados al abandono de hoteles. Esta escena se ha reproducido en Cataluña a instancias de algunos representantes del bloque separatista, que habrían presionado a los dueños de los establecimientos para cercar a los agentes. La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar los hechos relativos a los hoteles de Pineda de Mar y Calella en los que se hospedan centenares de ellos. Estudian la posible implicación de los "responsables municipales" en "amenazas y otras presiones ilegales", y no descartan delitos de odio.
En un escrito, la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, delega la investigación al servicio especial de Delitos de Odio y Discriminación después de que un hostelero haya denunciado en redes sociales una amenaza de los rupturistas del Ayuntamiento: si no expulsaba a los agentes de su local en 48 horas, no renovarían su licencia y permisos y cerrarían el hotel por un período de cinco años.
Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que forman parte del dispositivo para evitar el referéndum ilegal y que se mantienen en Cataluña en espera de lo que pase los próximos días no abandonarán los establecimientos en los que estaban alojados, pese a que la gerencia de los hoteles les había dado de plazo hasta esta mañana para abandonarlos por las presiones que había recibido de políticos locales e separatistas.
"Legítima defensa" de los agentes
La Fiscalía ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción nº7 de Barcelona que tramita la denuncia del Gobierno catalán contra las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O. Según el Ministerio Público, la intervención de los agentes no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana", porque los agentes actuaron en "legítima defensa". Recrimina a la Generalidad su "irresponsabilidad" al convocar marchas "tumultuarias".
La acusación pública se ha opuesto a una investigación global a los cuerpos. No obstante, se indagarán los hechos acontecidos en un local de votación, la escuela Jesuitas de Sant Gervasi.
En base al escrito del Ministerio Público, los trabajos policiales "afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocados por el Govern de la Generalitat, conocedor de la ilegalidad del acto y de las medidas judiciales adoptadas (para impedirlo)". Sin embargo, entienden que "la actuación de los cuerpos policiales actuantes podría estar amparada por la causa de justificación de cumplimiento de un deber y, en algunos casos, por la legítima defensa frente a las actuaciones de individuos no identificados por el momento, que actuaron violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atentado y resistencia".
En cualquier caso, el Ministerio Público, en un "ejercicio intelectual", basándose en los datos proporcionados por la Generalidad, remarca que si el 1-O votaron 2.262.424 personas y 844 resultaron heridos, de ello se desprende que un 0,037% de los votantes resultaron afectados por la "presunta violencia policial". Además, al haber un único herido grave, el fiscal remarca que ello representa que hubo "un 0,000042% de individuos afectados por la presunta violencia grave policial".