No estuvo, pero se le espera. Carles Puigdemont no ha acudido a la citación en la Audiencia Nacional como querellado por "rebelión o, cuando menos sedición", malversación de caudales públicos y otros delitos conexos. Está huido en Bélgica con los otros cuatro exconsejeros rebeldes que han desoído la llamada de Carmen Lamela: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig. La Fiscalía ha pedido a la juez que libre contra ellos una Orden Europea de Detención que comporta la busca, captura y puesta a disposición judicial: "Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso". Si la magistrada lo ejecuta, iniciará un proceso de extradición que, en teoría, se resuelve con la entrega de los susodichos en un plazo máximo de 60 días pero que podría extenderse por un período mayor si Bélgica ofrece amparo. Una vez se produzcan los arrestos, se sentarán ante un juez belga que resolverá la situación.
Las cosas cambian; y lo hacen cada cinco minutos en lo relativo a la cuestión catalana. Aunque, a veces, destino o casualidad dan pistas. Cundía el revuelo sobre las 11:20H en la Sala de Prensa de la Audiencia Nacional porque Santi Vila abandonaba a pie la contigua de Interrogatorios. Falsa alarma, iba a por agua. Aunque, finalmente, el exconsejero de Empresa de la Generalidad, el único que dimitió antes de que el Parlamento proclamara la independencia, ha sido también el único para el que la Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión incondicional como medida cautelar mientras continúa la instrucción.
El Ministerio Público ha valorado la colaboración de Vila, que ha contestado todas las preguntas formuladas en un interrogatorio de 45 minutos. Pide para él una cautelar menos gravosa: la cárcel eludible con el pago de una fianza de 50.000 euros. El resto ha respondido solo a sus respectivas defensas en comparecencias de cinco minutos. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó, de Esquerra, comparten abogado con Carme Forcadell, el penalista Andreu van den Eynde. También para los del PDeCat Jordi Turull, Josep Rull, Meritxel Borrás –que ha regresado a tiempo de Bélgica– y Joaquim Forn, los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira reclaman la cárcel sin la posibilidad de pagar una cantidad para conservar su libertad.
Pendientes en las próximas horas de dos cuestiones. Por un lado, si la juez Carmen Lamela resolverá de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía y enviará a prisión a los nueve exconsejeros, con la particularidad de Vila. Por otro, si, como también reclamará el Ministerio Público, la magistrada librará una Orden Europea de Detención contra los otros cinco componentes del Gobierno catalán cesado huidos en Bélgica: el expresidente Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
Aplazado en el Supremo
A primera hora de la mañana, la sorpresa se ha vivido en el Tribunal Supremo donde acudían a comparecer los miembros de la Mesa del Parlamento catalán Carme Forcadell, Lluis Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Allí, el magistrado Pablo Llarena ha suspendido las declaraciones de los seis miembros de ese órgano. Se aplazan hasta el próximo jueves, 9 de noviembre, a petición de los abogados de los separatista que han alegado no haber tenido tiempo para preparar las comparecencias como imputados por un posible delito de rebelión.
Javier Melero, letrado de Lluís Maria Coromina, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, ha explicado que esta petición se ha debido a la necesidad que tienen de "meditar de manera más pausada" su defensa. En unas declaraciones a los medios, también ha cargado contra Carles Puigdemont: "No ponerse a disposición de la Justicia cuando eres llamado siempre perjudica al resto de imputados", ha asegurado.
La Fiscalía del Supremo ha pedido y el juez ha acordado poner bajo "vigilancia policial" a Carme Forcadell y al resto de estos miembros de la Mesa hasta el día 9 que comparezcan. Cabe destacar que esa "vigilancia" no se realizará de forma presencial, sino mediante la localización del domicilio y mediante de un teléfono móvil para que la Policía pueda realizar controles de permanencia, según ha explicado el abogado Javier Melero.
Por su parte, el abogado de Joan Josep Nuet, de la confluencia catalana de Podemos Cataluña Sí que Es Pot, ha explicado que su cliente "no votó a favor" de la tramitación de la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento catalán, algo que no se refleja en la querella. Esa circunstancia "debe llevar al archivo de la querella contra él", ha precisado.
Vila, apartado
Nueve de los catorce integrantes del Gobierno de Cataluña cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución Española han acudido a la citación de la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. El más madrugador ha sido el presidente de Esquerra Oriol Junqueras, exvicepresidente económico de la Generalidad, que ha accedido a dependencia judiciales a las 08:10H con un vigilante de seguridad. Poco antes de las 09H, han entrado en grupo otros siete: Joaquim Forn, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borras –que ha regresado a tiempo de Bélgica–, Dolors Bassa y Carles Mundó. Estos han recibido el apoyo en forma de aplausos del medio centenar de políticos afines al movimiento separatista concentrado en la Plaza de la Villa de París, a 20 metros de la sede.
El expresidente inhabilitado por la consulta ilegal del 9N de 2014 Artur Mas ha sostenido que "los tribunales no solucionarán el conflicto entre España y Cataluña". Otro de los condenados por el mismo procedimiento, Francesc Homs deseaba que "no pase lo que pasó conmigo". El contrapunto lo han puesto los ciudadanos que paseaban por la calle Génova, que han recibido a los querellados al grito de consignas como "viva España y viva la Guardia Civil".
Llamativo que haya acudido en solitario Santi Vila, sin la aclamación de la habitual afición rupturista. Se ha desmarcado y lo han marcado.