Condiciones de vida en los alojamientos que no cumplen los estándares mínimos de salud e higiene, ausencia de previsión en los relevos del personal desplegado, falta de pago de las compensaciones económicas prometidas, incertidumbre y ninguna información sobre la duración del despliegue… Los guardias civiles que forman parte del despliegue extraordinario diseñado por el Ministerio del Interior ante el desafío independentista en Cataluña están descontentos con su situación.
Así lo han denunciado las ocho asociaciones profesionales de la Guardia Civil que la pasada semana consiguieron representación en el Consejo del Instituto Armado y que este jueves firman una carta conjunta dirigida al director general de la institución, José Manuel Holgado, a la que ha tenido acceso Libertad Digital. En ella, acusan al Ministerio del Interior de "humillar" a los agentes y dicen tener un "sentimiento de engaño" tras las promesas de Juan Ignacio Zoido.
Por ello, la Unión de Oficiales (UO), la Asociación de la Escala de Suboficiales (ASESGC), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC), la Asociación Profesional de Cabos (APC) y los Independientes de la Guardia Civil (IGC) solicitan una reunión "urgente" al máximo responsable de la Benemérita para que intente mediar.
"La vía de interlocución abierta en la Secretaría de Estado de Seguridad no está sirviendo para llegar a resolver, y ni siquiera plantear, este tipo de cuestiones. Además, se está incumpliendo el compromiso de información que el ministro del Interior adquirió con las asociaciones profesionales y sindicatos de Policía sobre las cuestiones que afecten al personal comisionado y destinado en Cataluña", dicen en la carta remitida a Holgado.
"Realizaremos el próximo día 17 de noviembre, fecha de constitución del nuevo Consejo de la Guardia Civil, una concentración en los exteriores de la Dirección General en solidaridad con los guardias civiles destinados y comisionados en Cataluña. Un país como España no puede mantener en una situación tan humillante a miles de policías y guardias civiles", concluye la carta.