El juez de Barcelona que investiga a la Generalidad por los preparativos del 1-O ha requerido a una empresa tecnológica que detalle los trabajos que le encargó el ejecutivo de Carles Puigdemont para desarrollar una Agencia Nacional de Seguridad (ANS) como estructura de Estado en Cataluña. Así lo ordena el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en un auto que figura en el sumario, al que ha tenido acceso Efe.
En el auto, fechado el pasado 19 de octubre, el juez ordena a Enterprise Services, de la mercantil It Corporate Solutions Spain, con sede en Madrid, para que facilite a la Guardia Civil el expediente completo del acuerdo suscrito con la Generalidad para el desarrollo, como estructura de Estado, de la "Agencia Nacional de Seguridad" (ANS).
En concreto, el juez pide que se le facilite la documentación relativa a los informes de consultoría, estudios y aplicaciones informáticas confeccionadas por la empresa a petición de la Generalidad, bien a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), ambos del Gobierno catalán.
En el marco de su investigación relativa en este caso a un delito de malversación de caudales públicos, el juez reclama que se detalle el coste inicial, final y de puesta en marcha del proyecto, la forma de pago utilizada por la Generalidad para abonar los servicios y la modalidad usada por la empresa para declarar ante la Agencia Tributaria los contratos bajo demanda formalizados por el gobierno catalán.
El magistrado quiere conocer también si, tras el encargo de la Generalidad, la empresa comunicó al gobierno catalán que su creación y puesta en marcha podría estar prohibida por las sentencias del Tribunal Constitucional, aportando en su caso el documento de la compañía solicitando la aclaración y la respuesta del Ejecutivo catalán.
También reclama que le precisen el análisis de requerimientos, especificaciones de funcionamiento y diseño y arquitectura y otros elementos técnicos como el código fuente de programación, la estructura de las bases de datos y los resultados, incidencias y evaluaciones de las pruebas y los test que se efectuaron.
El juez requiere a la sociedad que identifique todas las aplicaciones informáticas, informes de consultoría y estudios aportados al proyecto, especificando el cometido y finalidad concreta para la que fueran creadas, según el encargo del Gobierno catalán. Además, la sociedad deberá detallar por escrito qué persona –detallando cargo y departamento– de la Generalidad contrató, supervisó y mantuvo los contactos con los jefes de proyecto y los integrantes de los equipos encargados del desarrollo de cada uno de los servicios contratados.
El juez también quiere que la compañía identifique a los jefes de proyecto de cada uno de los servicios desarrollados por la empresa y que se concrete si las aplicaciones informáticas, informes de consultoría y estudios realizados fueron desarrollados por completo en la sede de la empresa privada o si parte de ellos, especificando qué parte, se desarrolló en dependencias o departamentos de la Generalidad.
Otros de los puntos que el juez quiere conocer es si la empresa y los trabajadores que desarrollaron las aplicaciones informáticas, informes de consultoría y estudios tuvieron que firmar algún tipo de contrato de exclusividad o confidencialidad en sus trabajos encargados por la Generalidad para culminar esta estructura de Estado.
También pide que se aclare si durante el desarrollo de las aplicaciones informáticas el equipo de la empresa que las confeccionó permaneció bajo supervisión de algún empleado o funcionario de la Generalidad, ante lo que reclama que se identifique a la persona encargada de ello.
El juez pide además que se detalle si, una vez confeccionada, la aplicación informática se puso en marcha en algún departamento de la Generalidad, identificando también al empleado de la empresa encargado de su activación así como al funcionario de la Administración catalana al que se le entregó e instruyó sobre su funcionamiento.
La empresa también debe hacer constar si sus informes de consultoría y estudios están siendo utilizados por la Generalidad y para qué cometidos en concreto, así como aportar las contraseñas necesarias para poder activar cada una de las aplicaciones informáticas.