Los Jordis seguirán en la cárcel hasta nueva orden. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, superior jerárquico de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, ha confirmado la prisión provisional acordada por Carmen Lamela respecto de los presidentes de ANC y Omium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Adelantan el fallo en el que desestiman los recursos de las defensas después de que se haya celebrado esta mañana durante dos horas la vista de apelación. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado un voto particular. En los próximos días, los integrantes de la Sala dictarán los autos con todos los argumentos.
Los abogados de Sánchez y Cuixart habían reclamado la puesta en libertad de sus clientes. A su juicio, no existen motivos para que permanezcan en prisión por sedición por los incidentes ocurridos el 20 de septiembre en Barcelona. Los letrados defienden que no hay riesgo de "reiteración delictiva" porque la "situación política" en Cataluña ha cambiado de forma notable. Han sostenido que los líderes de las entidades separatistas no agitaron a las masas y que promovieron concentraciones pacíficas.
Tanto Sànchez como Cuixart habían solicitado asistir a la vista de apelación, pero la Sala ha rechazado esta pretensión explicando que nunca se contempla que los investigados estén presentes en este tipo de trámites.
La Fiscalía se ha opuesto a la petición de las defensas. Entiende, de acuerdo con la Sala, que sí hay motivos sobrados que sigan en Soto del Real, la prisión madrileña en la que permanecen desde el pasado 16 de octubre. Según el Ministerio Público, la situación política catalana no es parte del procedimiento, puesto que se investigan presuntos hechos delictivos.
Motivos de la prisión incondicional
Lamela justificó el auto de ingreso en prisión apoyándose en los hechos acontecidos los días 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud alentada por ANC y Omnium intentó evitar que la Policía Nacional y la Guardia Civil arrestara a 14 altos cargos del Gobierno de Cataluña que preparaban el referéndum ilegal del 1-O: "No constituyen una protesta ciudadana aislada o convocada de forma pacífica en desacuerdo de las actuaciones policiales llevadas a cabo por orden de un juzgado de instrucción. Se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Sánchez y Cuixart en ejecución de la hoja de ruta para llegar a obtener la independencia de Cataluña", razonó la magistrada.
Ambos "utilizaron las redes sociales y grupos de difusión para la movilización de personas en contra de órdenes judiciales. También para "convocar a la población a mantener los lugares marcados como colegios electorales abiertos en los días previos al referéndum ilegal", incluso el día de la votación.
Lamela destaca la actuación de Cuixart el 25 de septiembre, cuando la Guardia Urbana se incautó en Badalona de unos carteles en apoyo al 1-O. "Acudieron al lugar unas veinte personas en actitud cada vez más hostil, entre ellas el presidente de Omnium y el tercer teniente alcalde de la localidad José Antonio Téllez, exigiendo a los agentes que entregaran todo el material intervenido e impidiendo que los agentes recuperaran ese material".
Constan también mensajes a partir del 29 de septiembre en los que Sánchez y Cuixart animan a estar "todos conectados para responder inmediatamente y de forma masiva contra cualquier ataque". La magistrada aprecia riesgo de fuga por la gravedad de los hechos imputados; de reiteración delictiva porque operan dentro de un "grupo organizado de forma continuada para lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España en un proceso que todavía se encuentra en marcha"; y de destrucción de pruebas por sus actuaciones dirigidas a impedir la investigación, registros y detenciones que habían sido acordados.