Todo comenzó por el supuesto soborno político perpetrado con la ayuda de Podemos en la localidad onubense de Aljaraque. Tras apoyar una moción de censura del PP contra el gobierno del PSOE, los concejales podemitas cambiaron de opinión. Se supo luego que, a la esposa de uno de ellos, Francisco Martín, se la había colocado a dedo en Aguas de Huelva. Ahora, la juez que investigaba los hechos ha descubierto cómo se han amañado los procesos de selección de personal impidiendo que personas con mejor calificación obtuvieran los puestos.
La consecuencia de la instrucción ha sido que la juez del caso ha llamado a declarar al presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, cuñado de Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE en el Parlamento andaluz y pareja sentimental de la hermana de este, Maite Jiménez, que ocupa un alto carago en la Diputación. Caraballo es, además, secretario general del PSOE de Huelva.
Dos son las pistas que se persiguen: las que aporten pruebas de cómo el PSOE manejaba las contrataciones para que los puestos recayeran en personas afines o convenientes a sus objetivos y cómo se han usado instituciones públicas gobernadas por el PSOE para el enchufismo partidista. En este caso, supuestamente, el PSOE le procuró un puesto de trabajo a la esposa de un concejal de Podemos en Aguas de Huelva a cambio de que reventara la moción de censura contra el PSOE que apoyaba hasta entonces.
Libertad Digital, hace casi seis años, ya informó de la existencia de una trama de colocaciones familiares socialistas que se nucleaban en torno al portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez; su hermana, Maite Jiménez y la pareja de ésta, Ignacio Caraballo Romero, hoy presidente de la Diputación de Huelva.
Aguas de Huelva es la empresa pública de aguas de la provincia de Huelva, dependiente de la Diputación provincial, y se ha visto implicada en numerosos escándalos políticos en los últimos años. Además de haberse investigado el pago de dinero que hacía a los grupos políticos presentes en la Diputación, Libertad Digital demostró con detalle la abrumadora coincidencia de familiares y "colegas" del PSOE e Izquierda Unida en su personal cuando se llamaba Giahsa.
Ahora, informa ABC, ha sido la instrucción la que está confirmando lo que dijo la fuente de la acusación, fuente interior de Podemos, de aquel cambalache: "Los ayuntamientos han metido a gente porque son colegas y al final no hay quien pague los salarios de la gente que sacó sus plazas".
El contubernio de Aljaraque
Todo parecía limpio y normal en el pueblo onubense de Aljaraque cuando, a finales de 2016, el PP, que había ganado las elecciones en el pueblo, presentaba una moción de censura contra la mala gestión de la alcaldesa socialista del pueblo onubense de Aljaraque, Yolanda Rubio, apoyada hasta entonces por un pacto PSOE-IU-Podemos.
Pero Podemos apoyó la moción, lo que motivó un terremoto en el PSOE y en Podemos, en el que Rafael Mayoral criticó expresamente la decisión adoptada en un "pueblo perdido de Huelva". Finalmente, la moción de censura no pudo triunfar porque, nadie sabía cómo, los ediles de Podemos volvieron al redil y al gobierno de Yolanda Rubio.
Traspasada ya la mitad de febrero de este año, empezó a sospecharse por las pruebas disponibles que se había fraguado un soborno a espaldas de los ciudadanos según el cual los concejales de Podemos renunciaban a apoyar la moción de censura contra la alcaldesa y que uno de ellos metería a su mujer, PSOE de por medio, en una empresa pública.
Se supo porque destapó un simpatizante de Podemos que el intermediario de la operación fue un sindicalista de Comisiones Obreras, José Luis Rodríguez Vega, y que el hombre en la sombra del enjuague podría ser el socialista Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva.
Es más, una grabación, que había llegado a los medios de comunicación y pidió el juzgado de Huelva que entiende en el caso, confirmó la operación para mantener en la alcaldía a Yolanda Rubio.
En aquellas grabaciones se decía que la propia mujer del concejal sobornado de "no debe saber nada y hacen las gestiones con el gerente de Aguas de Huelva, dando previamente su autorización Ignacio Caraballo". Además, el sindicalista amenazó a quienes tuvieran la tentación de hablar y confesaba que se dedicaba a estos menesteres desde hacía muchos años.
"¿Sabes cuanta gente he metido? El PSOE ha querido meter aquí a gente, tanto en Aguas de Huelva como en.… y se lo estoy diciendo: no, no quiero ¿Por qué? Porque nos encontramos con lo que ha pasado, tú sabes, muchos ayuntamientos han metido a gente porque son colegas. Los colegas, los colegas, los colegas... y al final no hay quien pague los salarios de la gente que ha sacado sus plazas". La grabación muestra el modelo clientelar a las claras.
En este caso, el modo en que se consiguió fue el siguiente:
- La Diputación presentó un expediente sobre la contratación de la mujer del concejal de Podemos.
- Se incluye en el expediente un proceso de selección realizado por la empresa Adecco. Según este documento, participaron 80 personas en una primera criba telefónica, pero ninguna de ellas recuerda haber participado en dicha selección.
- En el expediente consta que pasaron la criba 22 personas, que tampoco recuerdan haber pasado tal prueba.
- Por si fuera poco, los cinco que llegaron "a la final" nunca fueron entrevistados por nadie.
La responsable de Adecco en Huelva ha sido citada a declarar como investigada y se ha puesto en entredicho la manera de selección de determinadas empresas supuestamente especializadas en la selección de personal. Se quiere saber si este es el único caso en el que intervino o si hay más y dónde.
El Partido Popular de Andalucía, que hace años no dijo ni una palabra sobre el informe de Libertad Digital sobre la empresa de Aguas de Huelva, quiere ahora explicaciones sobre el caso Aljaraque. Juanma Moreno habla ahora de una manera de hacer política mediante tramas para perpetuarse en el poder.