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Forcadell reniega de todo a última hora para salvarse de la prisión incondicional

La expresidenta del Parlamento catalán saldrá de la cárcel cuando pague 150.000 euros de caución.

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Crme Forcadell a su llegada al Tribunal Supremo | EFE

Una estrategia calculada y basada en el repliegue ha servido para que los seis querellados ante el Tribunal Supremo sorteen la prisión incondicional. Son la presidenta y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que permitieron el 27 de septiembre la tramitación en la Cámara autonómica de la declaración de independencia. Solo ingresará en la cárcel Carme Forcadell, aunque saldrá tan pronto como deposite 150.000 euros de fianza. Ha reconocido ante el magistrado que acatará el artículo 155 y, como última palabra antes de que se retirase a deliberar, que reniega del procés, de la unilateralidad y del 1-O.

El magistrado que instruye la causa en el Supremo ha roto con el criterio de la Fiscalía, que reclamaba el ingreso en prisión incondicional de Forcadell, Lluís Corominas –presidente de Juntos por el Sí–, Lluís Guinó del PDeCat y Anna Simó de Esquerra. Pablo Llarena deja a los tres últimos y a Ramona Barrufet (PDeCat) en libertad bajo fianza de 25.000 euros. A diferencia de Forcadell, abre un plazo de una semana para que depositen la caución y no pongan un pie en la cárcel. A cambio, deberán comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio con prohibición de salir de España y obligación de entregar el pasaporte antes de las dos de la tarde de este viernes.

Joan Jusep Nuet de Cataluña sí se Puede/Podemos –el único que no disfruta de fueros y que habría votado en contra de que se tramitara la declaración de independencia– queda en libertad provisional sin ninguna medida cautelar. Salvo en su caso –que está por perfilar definitivamente– el resto permanece con la categoría de investigados por delitos de rebelión –castigado con penas de hasta 25 años de cárcel–, sedición –que lleva aparejados hasta 15 años– y malversación –con hasta ocho años–.

Llarena deniega la imposición de una fianza de 6,2 millones de euros conjunta para los querellados como solicitaba la Fiscalía por el dinero público que habrían desviado a la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Argumentos del juez

El magistrado parte de que las decisiones que se adoptan en los momentos iniciales del proceso exigen de un respaldo fáctico y jurídico que no puede ser reemplazado por simples conjeturas o por meras sospechas. Según Llarena, la intencionalidad de desmembrar la integridad territorial "cuenta con un suficiente soporte acreditativo. De un lado, por la notoriedad que tiene cual era el objetivo político que se ha perseguido y que los querellados admiten, si bien expresando que lo buscaban en un marco pactado con el Estado.

De acuerdo con el auto, debe excluirse que los querellados aspiraran a lograr la independencia del territorio por las vías legales: "Jamás pudo llegar a configurarse esa convicción sobre la corrección jurídica del proceso, vistas las muy numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional en las que expresamente se proclamó su contradicción con nuestra Norma Suprema" notificadas personalmente. El magistrado hace un repaso de la continua desobediencia de los querellados a los pronunciamientos del Constitucional.

Entiende Pablo Llarena que los querellados solo podían aspirar a conseguir sus ambiciones mediante dos instrumentos. El primero consistiría en una vía negociada con el Gobierno estatal, aunque "queda desvirtuada" porque la Constitución fundamenta la indisoluble unidad de España y "porque el supuesto pacto de independencia es incompatible con lo que realmente se hizo, pues se optó por realizar un referéndum sabiendo de su ilegalidad y de la prohibición de su celebración. La idea de actuar con sujeción a un pacto, es irreal. Por ello, el único instrumento restante para lograr la independencia, es el que tuvo que orientar la actuación que se investiga".

"Dado que la viabilidad política de una nueva realidad nacional no podía lograrse con la actuación legislativa y gubernativa desplegada, se muestra factible, como sostiene la querella, que se contemplara que el resultado solo sería alcanzable mediante la incorporación de un nuevo elemento, concretamente, una movilización ciudadana que exigiera la permanencia del nuevo orden implantado, y que lograra su propósito mostrando una determinación generalizada, explícita e inflexible ante cualquier alternativa".

Posible delito de rebelión o sedición

Respecto del alzamiento "público y violento que requiere el tipo de rebelión, el magistrado sostiene que no resulta "exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla". En este sentido, se entiende que el alzamiento es violento cuando se orienta a intimidar a los poderes legalmente constituidos.

Aunque Llarena desliza otra posibilidad: "La eventual consideración de que el comportamiento de los querellados no englobara una utilización instrumental de la violencia, no excluiría la posibilidad de subsumir los hechos en el delito de sedición contemplado en los artículos 544 y ss. del Código Penal".

Gradación de las medidas cautelares

Respecto de los riesgos que sustentan la medida cautelar de prisión, "Carme Forcadell presenta -en estrictos términos de instrucción- una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos". Puesto que presidió la ANC y comprometió la hoja de ruta, la pena podría ser mayor y por tanto aumenta un riesgo de fuga que resulta también de la desatención a "todas las decisiones judiciales que le han dirigido, no reconociendo la autoridad jurisdiccional del Estado". Si bien es cierto, se difumina porque siempre ha acudido a las citaciones, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora del Tribunal Supremo.

En cuanto a la reiteración delictiva, "todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la CE, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Cambio de estrategia

Forcadell y los separatistas de la Mesa han desplegado un ideario inédito hasta la fecha. En resumen, acatan las medidas del artículo 155 de la CE aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy –es decir, no reconocen a Carles Puigdemont como presidente de Cataluña– y otorgan un carácter meramente "simbólico" y "político", sin efectos jurídicos reales, a la declaración de independencia. Ha añadido la presidenta del Parlamento autonómico que "siempre permitió el debate sin perjudicar el resultado ni controlar el contenido defendiendo la soberanía de la Cámara y derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados".

Han respondido a todas las preguntas, incluidas las de la Fiscalía. Forcadell –que ante el TSJC que la investiga por desobediencia y prevaricación se acogió a su derecho a no declarar– ha contestado durante dos horas y diez; y el resto durante aproximadamente una hora. Es un cambio de estrategia respecto a la del silencio utilizada por los ‘Jordis’, Oriol Junqueras y los exconsejeros catalanes encarcelados por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional.

Han estado presentes en la Sala de interrogatorios los querellados con su abogado de forma individual, el magistrado que instruye la causa en el Supremo Pablo Llarena y, como representantes de la Fiscalía del Alto Tribunal, Fidel Cadena y la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal en un primer turno; y el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y Jaime Moreno en el segundo. Solo ha habido un receso para comer entre pasadas las 15:30 y las 16:30 y entre el cuarto y el quinto interrogatorios. Los querellados han optado por un bocadillo dentro de dependencias judiciales.

Enfrentamiento entre banderas

Forcadell ha acudido pasadas las 09:00 horas al Alto Tribunal en un Audi gris. La presidenta del Parlamento catalán ha saludado al centenar de personas que han apoyado a los querellados a las puertas del Supremo y ha accedido a dependencias judiciales portando maletín y una carpeta con documentación.

Ha sido también el momento más convulso en los aledaños. Además de los afines al separatismo, han entrado de incógnito a la zona reservada para la prensa unas 15 o 20 personas que portaban banderas de España y han recibido a los querellados al grito de "viva España" y "al trullo". Para evitar enfrentamientos directos, la Policía Nacional ha desalojado a este grupo, aunque ha permitido que los rupturistas sigan en su posición cantando consignas como "Madrid será la tumba del fascismo", "no estáis solos", "libertad presos políticos" y el famoso "independencia".

Efectos para los querellados en la Audiencia

La determinación de Pablo Llarena respecto de las cautelares contra los querellados es especialmente relevante puesto que se especula con que el Tribunal Supremo –y él, en concreto– asuma la competencia para investigar y llevar a juicio todos los procedimientos abiertos por rebelión, sedición y otros delitos conexos con la declaración de independencia de Cataluña. Puesto que no comparte el criterio de la juez Carmen Lamela, podría modificar en un futuro las medidas que mantienen en prisión a Junqueras y los exconsejeros del Gobierno de Cataluña cesados en virtud del artículo 155 de la Constitución Española que acudieron a la citación en la Audiencia Nacional.

En relación con esta posibilidad, Pablo Llarena ha reclamado este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la causa abierta contra Forcadell y los cinco miembros de la Mesa interrogados en el Supremo por delitos de desobediencia y prevaricación relacionados con la tramitación de otras resoluciones rupturistas. El magistrado explica en una providencia que ha accedido a la petición que incluyó la Fiscalía en su escrito de querella del pasado 30 de octubre, donde solicitaba la acumulación a la causa del Supremo de dichas diligencias seguidas hasta ahora en el otro órgano.

Presentes

Varios de los separatistas concentrados frente al Tribunal Supremo, entre ellos Antoni Castellà de Juntos por el Sí, lucen un lazo amarillo en apoyo a los que llaman "presos políticos", los exconsejeros que comparecieron en la Audiencia Nacional y los ‘Jordis’, encarcelados de forma preventiva por orden de la juez Lamela. En este sentido, Xavier Domènech de En Comú Podem se une a ese soporte porque "todo esto es desproporcionado".

La diputada de la CUP en el Parlamento catalán Mireia Boya ha transmitido su "esperanza de volver a casa con Forcadell y los miembros de la Mesa ", dice, "juzgados", pese a que solo están siendo investigados. Por su parte, Albano Dante Fachín, exdirigente de Podemos en Cataluña que dimitió por desavenencias con Pablo Iglesias, entiende que "esto se tiene que arreglar políticamente porque si no es una imposición". Carles Campuzano ha añadido que "no hay ningún país del mundo donde, cuando dos millones de personas deciden desobedecer, se piense que se resuelve el problema con represión".

La coordinadora del PDeCat Marta Pascal está convencida de que los querellados no ingresarán en prisión "porque sería muy grave". También se han paseado por las inmediaciones del Supremo la exvicepresidenta del Gobierno regional Joana Ortega y el exconsejero portavoz Francesc Homs, condenados por el mismo Tribunal por la organización de la consulta ilegal del 9N de 2014 Carles Campuzano ha pedido que el Supremo tenga este jueves el "sentido común" que no tuvo la Audiencia Nacional la semana pasada.

Todos los políticos del PDeCAT se han ido, después de que entraran los querellados, a desayunar al Vips de la calle Génova.

Entre los que han mostrado su apoyo a través de las redes sociales destacan la alcaldesa de Barcelona Ada Colau –"los queremos de vuelta hoy" – y Carles Puigdemont: "Toca ahuyentar de las instituciones a aquellos que han querido hacerlas suyas con un golpe de estado".

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